Ibars apunta a Sánchez de León en Gürtel

Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional de la Generalitat entre 1998 y el pasado marzo, desveló ayer que la contratación a Orange Market de la Guía de la Comunicación 2005y la compra de 1.200 memorias USB para regalar se gestionaron durante una reunión celebrada en el despacho de la entonces secretaria autonómica Paula Sánchez de León. Al encuentro con Sánchez de León, hoy delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, asistió el exapoderado de la empresa de la trama Gürtel, Ignacio Blanch. La revelación fue la piedra angular de la declaración como imputada de Ibars ante el juez José Ceres, que investiga en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano la adjudicación de decenas de contratos a dedo de distintas consejerías a la red corrupta pilotada por Francisco Correa.

Ibars negó ante el magistrado que incurriera en irregularidad alguna. "Si aplicáramos la misma vara de medir, media Generalitat estaría imputada", justificó según un asistente a su declaración. Después, describió como "un modo habitual" el procedimiento de las adjudicaciones. "Era una forma de trabajar y de contratar", abundó durante la hora que estuvo respondiendo a las preguntas de Ceres, según la misma fuente. Y en esta línea de modular su actuación, remató: "Las cosas se han hecho y se hacen así".

La investigación sostiene que Ibars, que fue destituida tras su imputación, fraccionó hasta seis contratos que oscilaron entre los 6.500 y 12.020 euros (el tope para sortear el concurso público), según informes policiales y de la Intervención General del Estado. También de correos interceptados a la trama. Además, el juez atribuye a la ex directora general el abono a Orange Market, franquicia valenciana de la red Gürtel, de facturas desde la dirección general. Ibars también está imputada por el contrato del montaje de Grandes Eventos de la feria turística Fitur de 2009.

La exdirectora general de Promoción Institucional admitió ayer que su "jefa" era Sánchez de León y de ella dependían las decisiones. Un dato que, según fuentes conocedoras del proceso, podría propiciar la declaración como testigo de la delegada del Gobierno. Ibars y Sánchez de León trabajaban en esa época a las órdenes de Esteban González Pons, en aquel momento consejero de Presidencia en el Gobierno de Francisco Camps.

La responsabilidad de la actual delegada del Gobierno en la contratación con la trama Gürtel de la Guía de la Comunicación 2005, que ascendió a 88.000 euros, ya fue señalada el pasado octubre por el exapoderado hasta mediados de 2005 de Orange Market, Ignacio Blanch.

Y, como los negocios de la red corrupta en tierras valencianas, este también siguió la marca de la casa Correa. Las adjudicaciones se trocearon a través de contratos menores con las firmas DT Consulting (12.020 euros), Boomerangdrive (10.500 euros), Technology Consulting Management (12.020) y Trece, SL, (6.354), entre otras. "Gran parte de las facturas tienen la cuantía tope establecida en la época para la contratación menor", sostiene el juez. Fuentes próximas a Sánchez de León confirmaron a este periódico la celebración de la reunión y la asistencia de Ibars.

Los negocios de Gürtel sentaron ayer de nuevo ante el juez a otro exdirigente de la etapa de Francisco Camps. El juez Ceres tomó declaración como imputado al ex vicesecretario de Organización del PP, exsecretario autonómico de Deportes y diputado popular en las Cortes Valencianas David Serra. El magistrado indaga en esta pieza —la cinco de un total de seis— la contratación del Open de Tenis 2007. Serra respondió a su salida que no le preguntaron por las facturas con la red Gürtel. Pero negó ante el instructor su responsabilidad en la contratación con el entramado de Correa, según un asistente. "No he contratado nada nunca ni he participado en ningún fraccionamiento de contratos", zanjó Serra, que también está imputado por la edición de 2006 del acontecimiento deportivo.

La citación de Serra se produce después de que el instructor indagase qué responsable de la Consejería de Cultura y Deporte benefició a la trama. Inicialmente, preguntó por ello a la ex secretaria autonómica Niurka Montalvo, que sucedió en el cargo al imputado. Pero el juez comprobó después que Serra dejó el puesto tras el acontecimiento deportivo, que se celebró entre el siete y el 15 de abril de 2007. "Cabe inferir que era Serra [EL AUTOR]de las actuaciones, negociaciones y decisiones relativas al Open por parte de la Secretaría Autonómica", destaca Ceres. El magistrado remarca que el diputado "firmó contratos de patrocinio para el evento".

Y, de nuevo, con la misma táctica del fraccionamiento y sin publicidad. A dedo. La Intervención General del Estado señala que el Open de Tenis 2007 se adjudicó a las firmas Diseño Asimétrico (11.900 euros), Easy Concept (11.500), Good & Better (11.990), Servimadrid Integral (10.050). Orange Market se encargó de la escenografía, la carpa y el acondicionamiento en el acontecimiento deportivo. Percibió por ello 11.600 euros.

La declaración de Serra se enmarca en una calculada estrategia que ya exhibió el diputado del PP en anteriores comparecencias ante el juez. En su visita al TSJ del pasado julio indicó que "no hubo ninguna irregularidad en la contratación de deportes". Y dijo desconocer quién cerró los negocios de esta área con la constelación societaria de Álvaro Pérez, El Bigotes. El magistrado Ceres, entretanto, sigue investigando quien enriqueció a una trama que saqueó millones de euros de las arcas de la Generalitat.