Anticorrupción pide fianzas de ocho y diez millones a dos exdirectores de Idea

Alaya imputa a Cañete y a Sánchez García presuntos delitos de prevaricación o malversación

Jacinto Cañete, este martes en los juzgados de Sevilla.
Jacinto Cañete, este martes en los juzgados de Sevilla.PACO PUENTES

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hoy una fianza de responsabilidad civil de ocho millones de euros para Jacinto Cañete, ex director general de la agencia andaluza Idea, por su implicación en el caso de los ERE; y de diez millones de euros para el exdirector de Administración y Finanzas de  Idea y ex secretario general técnico de la Consejería de Empleo Juan Francisco Sánchez García. Tanto Cañete como Sánchez García se han acogido a su derecho a no declarar ante la juez Mercedes Alaya, quien les ha imputado presuntos delitos de prevaricación, malversación y omisión del deber de perseguir delitos, informa Efe.

Cañete no ha declarado ante la magistrada pero su abogado ha presentado un escrito en el que asegura que las partidas investigadas eran aprobadas por el Parlamento y suponían apenas el 8% del presupuesto que manejaba. En dicho escrito, sostiene que la consignación presupuestaria debatida "está aprobada por unas leyes de obligado cumplimiento como son las leyes de Presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía" entre 2001 y 2010.

Cañete recuerda que fue nombrado en 2008 y entonces Idea "llevaba materializando los pagos del programa 31L desde hacía siete años", por lo que él mismo "no ideó, creó, ni participó en la génesis de dicho programa". Además, en los 18 meses que permaneció en el cargo, "nadie, absolutamente nadie de la organización, le advirtió que los pagos del 31L pudieran ser contrarios a derecho, ilegales y menos aún delictivos".

Cañete "ni preparaba los presupuestos, ni decidía el modo de codificar presupuestariamente, ni comprendía el alcance y significado de que una partida se estableciera en un determinado lugar del balance". A ello añade que en 2009 el presupuesto de explotación de Idea fue de 700 millones de euros y el de capital de 238 millones, mientras que las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas investigadas "alcanzaban a lo sumo el 8% del total del presupuesto".

Cañete afirma que la Cámara de Cuentas que supervisó los pagos es "un órgano enormemente escrupuloso y detallista" que puede "detectar una irregularidad en un tiquet de dos euros", lo que no se corresponde con "dejar pasar año tras año, rendición de cuentas tras rendición de cuentas, nada menos que presuntas irregularidades de decenas y centenares de millones de euros".

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