El Ejecutivo recorta las campañas electorales

Apretar el cinturón a las próximas elecciones autonómicas es uno de los objetivos del anteproyecto que busca modificar por quinta vez la Ley de Elecciones al Parlamento vasco, que el Gobierno ha sacado este lunes a consulta pública. Es una de las primeras iniciativas legislativas del Ejecutivo que diferencia más entre la precampaña (sin posibilidad de hacer propaganda de ningún tipo) y la campaña electoral y, sobre todo, introduce la austeridad en los comicios, con un recorte del límite de gasto por candidatura de un 15% para los de 2016 y una congelación de las subvenciones.

Además, el texto, que puede ser modificado en su trámite parlamentario, incluye nuevos topes en los gastos específicos: al límite de no superar el 20% del total de gasto en publicidad en medios, se suma la prohibición de no gastar más del 20% en cartelería que se coloque en los espacios públicos destinados a ello.

Las donaciones superiores a los 10.000 euros estarán prohibidas. Hasta ahora, el límite era del equivalente en pesetas a 6.000 euros (un millón). Las sanciones, además de pasar de pesetas a euros, se corrigen al alza, al igual que la subvención por escaño obtenido, que supondrá 26.760 euros, y por voto (90 céntimos).

La ley moderniza las elecciones, permitiendo un programa piloto para “evaluar la posible implantación” del voto electrónico e incluso la descarga de papeletas desde la página web del Gobierno. Pero también añade restricciones para medios digitales: las mismas en materia de publicación de sondeos y otros que para los medios tradicionales. Los cambios van desde que el votante pueda introducir él mismo la papeleta en la urna —ahora lo hace el presidente de la mesa— hasta modificaciones de un carácter más social, como que las embarazadas de más de seis meses, las mujeres que acaban de dar luz o las que están en periodo de lactancia hasta nueve meses pueden evitar formar parte de las mesas electorales.

En los sorteos se podrá entrar hasta los 70 años, aunque desde los 65 se puede rechazar. Y se desarrollará un decreto para que los ciegos no tengan que delegar su voto en terceros.