Imputado el exconsejero Nadal por una operación urbanística del Incasòl

Un juez de Barcelona investiga al exconsejero socialista Joaquim Nadal por las presuntas irregularidades de una operación urbanística en Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Nadal prestó declaración ayer por la tarde, en calidad de imputado, en dependencias de la Guardia Civil —que ejerce como policía judicial— sobre un acuerdo firmado en 2006 entre el  el Instituto Catalán del Suelo (Incasòl), el ayuntamiento de la localidad y la promotora de un polígono industrial. En ese convenio, la Generalitat pagó 7,5 millones por la compra de unos terrenos, una suma que está en el centro de las pesquisas.

El caso arrancó hace más de un año a raíz de la denuncia del empresario promotor del polígono, según fuentes de la investigación, que está bajo secreto de sumario. Cuando se firmó el acuerdo, Nadal ejercía como consejero de Política Territorial y Obras Públicas y como presidente del Consejo de Administración del Incasòl. Además del dirigente socialista, ayer también declararon como imputados ante la Guardia Civil el ex director general de Urbanismo y el exdirector del Incasòl. Además, están siendo investigados otros cargos del Ayuntamiento de Santa Cristina d’Aro, que entonces estaba dirigido por el también socialista Ricard Herrero, según fuentes judiciales. Durante la investigación, la Guardia Civil ha solicitado abundante documentación tanto al Incasòl como al consistorio.

El origen de la causa judicial está, supuestamente, en unos terrenos en la zona de Solius (en Santa Cristina) destinados a transformarse en un polígono industrial. La oposición vecinal y ecologista —a través de la plataforma Salvem Solius— exigió, sin embargo, que se paralizara el proyecto por el interés paisajístico y ambiental del valle. La Generalitat atendió las protestas. Y en 2006, las tres partes —Incasòl, ayuntamiento y la promotora del polígono— firmaron un convenio que satisfizo a todos.

Para proteger el valle de Solius —mediante un cambio de calificación urbanística que lo convertiría en espacio verde y para equipamientos— la Generalitat compró el 50% del terreno (el de mayor valor paisajístico) a la promotora, que tenía todos los permisos para impulsar la zona. Además de esos 7,5 millones de euros, compensó a la empresa con una permuta de terrenos —el sector Bernades— donde se podrían instalar empresas. Llort justificó entonces el pago como una “inversión”. Un año más tarde, la comisión de Urbanismo de Girona dio el visto bueno a la modificación urbanística para Santa Cristina d’Aro.

Los nuevos terrenos industriales del sector Bernades resultaron “inundables”, como en realidad “ya advertían los informes técnicos”, según fuentes de la defensa del Incasòl. Para solucionar los “problemas de humedades”, según las mismas fuentes, la promotora tenía que afrontar una inversión mayor de la prevista. Además, los informes encargados por el organismo público advirtieron de que el nuevo polígono, debido a la crisis, no era económicamente viable. El polígono no llegó a desarrollarse. El empresario se sintió perjudicado y acabó presentando una querella en los juzgados. La Guardia Civil tiró del hilo y sostiene que el pago de los 7,5 millones por parte del Incasòl fue desproporcionado, una tesis que contradice la defensa de Nadal y el resto de cargos implicados.