La concertación social entre la Junta, sindicatos y patronal hace aguas

La concertación social necesita “abrirse en canal” (Susana Díaz), “un nuevo impulso” (Manuel Jiménez Barrios), “repensarla” (Juan Cornejo), “está muerta” (Antonio Maíllo). Son opiniones de tres socialistas y del izquierdista Antonio Maíllo, socio del Gobierno andaluz de coalición, a la que habría que añadir la del secretario general del PP, José Luis Sanz, quien sentenció el viernes: “La concertación no puede ser solo una forma de repartir dinero a manos llenas para taparle la boca a los agentes sociales”.

El pacto social tripartito entre la Junta, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos UGT y CC OO hace aguas 20 años después de que se firmara por primera vez. El hilo que engarza las opiniones entrecomilladas es el de la necesidad de un cambio en el modelo seguido hasta ahora, que ha garantizado la paz social en una comunidad gobernada desde hace 31 años por el mismo partido. Las críticas hacia ese modelo han sido frecuentes por parte del principal partido de la oposición, pero es la primera vez que se produce una coincidencia generalizada de que el sistema necesita reformas por parte de todos los partidos con representación parlamentaria.

En el balance del último pacto (2006-2009), los firmantes destacaban respecto a los dos objetivos principales del mismo, el que la comunidad hubiera alcanzado el 81% del PIB por habitante respecto a la Unión Europea y el haber superado la cifra de tres millones de ocupados. Los últimos datos disponibles recogidos en el informe de 2012 elaborado por el Consejo Económico y Social afirma que las diferencias con Europa se han agrandado durante la crisis económica y que el PIB per cápita andaluz ha descendido en 5,2 puntos. En cuanto a la cifra de ocupados, la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2013 recoge medio millón menos (2.532.300).

Cuando se firmó el VII acuerdo de concertación en noviembre de 2009 —que ha movilizado para reactivar la economía 19.825 millones de euros—, el objetivo era el mismo que los seis anteriores, la reducción del paro que en esa fecha era del 26,3%. Ahora es 10 puntos superior. A finales de este año termina su vigencia, pero por ahora no ha habido ni una sola reunión preparatoria para renovarlo porque, entre otros motivos, no hay interlocutores claros.

La UGT de Andalucía atraviesa su crisis interna más grave a causa de un supuesto fraude en la gestión de los fondos de formación pagados por la Junta de Andalucía. La juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, tiene abierta una pieza bajo secreto de sumario que investiga la tramitación de estos fondos. No se sabe el alcance ni la gravedad de esta instrucción. Algo más de claridad hay sobre los 17 expedientes que la Junta de Andalucía está revisando, que incluyen facturas bajo sospecha por un total de 7,5 millones de euros, de los que 1,8 están en el trámite de reclamación.

Las facturas irregulares han visto la luz no porque la Junta las haya descubierto. Han salido del propio sindicato una vez que la dirección regional ugetista decidió acometer despidos, aplicando la reforma laboral del PP que tanto critica. De los cerca de 400 trabajadores que integraban la plantilla de la UGT de Andalucía, las sucesivas regulaciones de empleo la han dejado en bastante menos de la mitad (120). El caso provocó la dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general, cuando apenas llevaba siete meses en el cargo tras sustituir al histórico Manuel Pastrana, quien protagonizó cuatro de los siete acuerdos de concertación.

También en crisis se encuentra la CEA, cuyo presidente, Santiago Herrero, anunció el miércoles su renuncia a renovar un cuarto mandato. Su marcha la revistió en la necesidad de propiciar un “cambio generacional”, aunque son muchos los que se preguntan si, como ha ocurrido en UGT, su salida se produce antes de se vea obligado a irse. Herrero deja una CEA en grave situación económica, con un déficit de 12,4 millones por la caída de ingresos procedentes de la Junta (en 2012 y en 2013 no hizo ni un euro de caja por convenios con la Administración) y por la disminución en un 22% de las cuotas de afiliación.

A la pregunta de si ha podido ocurrir en la CEA lo mismo que en la UGT con los fondos de formación, una fuente de la patronal asegura: “Las facturas están perfectamente justificadas. Pero la pregunta no es en qué se ha gastado, sino cómo, porque los cursos se han hecho a través de empresas de formación creadas por los propios directivos de la CEA. Es legal, pero éticamente reprobable”.

Comisiones Obreras, que siempre se ha sentido muy vigilada por la Junta, se salva de la inestabilidad. Su secretario general, Francisco Carbonero, sostiene que las crisis de UGT y CEA “no tiene por qué afectar” a la concertación porque se trata de organizaciones “maduras” y consolidadas. “Otra cosa es que el Gobierno tenga ideas y las quiera poner en común”, afirma. En su opinión, se está produciendo “un arrebato tremendo de que todo lo que se ha hecho es un desastre, con la clara intención de abrir una causa general contra Andalucía”. Y añade: “Eso no quita que haya cosas que estén mal hechas y también, chapuzas administrativas”.