Opinión
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A la caza del topo

El Consell ha establecido normas más rigurosas en el orden funcional y disciplinar para impedir o al menos dificultar el espionaje que cree padecer

Uno de los cometidos primordiales de la prensa consiste en descubrir y divulgar los asuntos que los poderes públicos quieren ocultar. También es el más apasionante para los periodistas dignos de este oficio, aunque no les sea exclusivo, como han sido los sonados casos de Julian Assange, perseguido por Wikileaks, esa publicación masiva de documentos clasificados; Eduard Snowden, que reveló la vigilancia a que nos somete la CIA; Daniel Ellberg, que aireó los papeles del Pentágono sobre Vietnam; o Bradley Manning, que hizo algo similar acerca de las sevicias de las tropas USA en Irak. Y, claro, Garganta profunda, ese resentido que acabó con el bocazas del presidente Richard Nixon valiéndose de dos redactores del Washington Post. Todos ellos, al margen de sus motivaciones, verdaderos héroes de nuestro tiempo.

Podríamos evocar episodios asimismo plausibles y más próximos, como fueron en su momento las revelaciones acerca de los GAL o tantos casos escandalosos de corrupción recientes aflorados gracias a la profesionalidad de informadores que a menudo fomentaron o merecieron la confianza de quienes abominan de tanto secretismo y opacidad injustificada en los asuntos del Estado y de la Administración española. A este respecto y estos mismos días ha sido notable la actitud, entre airada y circense, del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, acusando a los presuntos filtradores de su departamento y a los medios informativos que se han hecho eco de las confidencias acerca de las súbitas destituciones y relevos de funcionarios de ese ministerio. No es aventurado sospechar que con este trajín no se pretende otra cosa que cazar o castigar a los posibles topos.

Casi en sintonía con este avatar ministerial, también el Consell ha establecido normas más rigurosas en el orden funcional y disciplinar para impedir o al menos dificultar el espionaje que cree padecer. Parece que en el origen de estas medidas ha estado la propuesta o contratación de un entrenador personal —coach, dicen los coents de la casa— para que los altos cargos, con el molt honorable a la cabeza, se sacudiesen el pelo de la Dehesa y alumbraran alguna idea. Esa u otra fruslería, que tampoco ha quedado claro el objeto y contenido de este servicio personal, tan inoportuno y un tanto ridículo en estos tiempos de penuria.

A propósito de trances como el que relatamos viene al caso recordar el compromiso por la transparencia que el presidente Alberto Fabra formuló cuando ocupó la poltrona en julio de 2011. Bien sabía o intuía que la opacidad de la gestión administrativa era el talón de Aquiles —y vergonzante baldón— de su antecesor, Francisco Camps, que confundió su ámbito de poder y mayoría parlamentaria con la casa de Tócame Roque, donde toda tropelía tenía asiento porque de nada se rendía cuentas, a pesar de las reiteradas y prácticamente inútiles sentencias de las más altas instancias judiciales que le conminaban a informar, tanto a él como a su gobierno. Ni caso. Desdeñó a la justicia, a la oposición y se blindó con cláusulas de confidencialidad. Tal fue su mortaja política.

El hoy president sabrá qué hace, pero difícilmente consolidará su precaria candidatura perdiendo el tiempo en la caza del topo cuando está demostrado que la transparencia es el mejor antídoto contra la corrupción, empezando por la que anida en su propio partido. Claro que también es posible que haya tirado la toalla y dejado ese desafío para quien le suceda en la poltrona.

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