La Defensora del Pueblo interviene en el conflicto de la dependencia de Jaén

La Defensora del Pueblo Español, Soledad Becerril, ha decidido intervenir de oficio en el conflicto de la dependencia en Jaén, donde el Ayuntamiento ha denunciado el convenio con la Junta para la prestación de la ayuda a domicilio por la deuda que mantiene la Administración andaluza. Becerril va a requerir información a las dos partes.

También el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, se ha ofrecido a mediar y ha instado al Ayuntamiento a que siga prestando la ayuda a domicilio y a la Junta a que se “comprometa a pagar” de la deuda acumulada. Maeztu ha mostrado este jueves en Jaén su preocupación por los más de 400 dependientes y las 200 trabajadores de la empresa concesionaria que tienen amenazado su futuro por la ruptura del convenio entre el Ayuntamiento y la Junta.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha mostrado, no obstante, confiado en que el conflicto pueda reconducirse en las próximas semanas si la Junta cumple su anuncio de saldar su deuda antes de final de este año. Con todo, ha advertido que si el conflicto continúa la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz “mantendrá su investigación y realizará las recomendaciones que le corresponden para que ambas partes asuman su compromiso”.

La delegada de Igualdad acusa al alcalde de “cobardía”

Mientras tanto, la empresa concesionaria, Multiservicios Jabalcuz, sigue prestando con normalidad el servicio, aunque con la incertidumbre creciente entre la plantilla de cuidadoras. UGT, mayoritario en el comité de empresa, asegura que ya se han constatado los primeros casos de personas desatendidas a causa del desencuentro entre las Administraciones. Serían usuarios que han querido darse de alta en el servicio y a los que el Ayuntamiento ha remitido a otras instituciones.

El comité de empresa apremia también a la Junta de Andalucía a clarificar su postura en este conflicto. Sin embargo, la delegada de Igualdad en Jaén, Ángeles Jiménez, ha querido dejar claro que no se trata de ningún enfrentamiento sino de una “ruptura unilateral” del alcalde jiennense, José Enrique Fernández de Moya (PP), de quien ha censurado su “cobardía” por “jugar con las personas dependientes y tenerlas como escudos humanos”. Jiménez ha recordado que la Junta abonó el pasado año al Consistorio jiennense 2,5 millones de euros, pagó este año otros 1,4 millones y debe 477.000 euros. A raíz de la deuda del Ayuntamiento con la empresa concesionaria, de 2,6 millones, Jiménez ha insinuado que el gobierno municipal ha desviado dinero para otros gastos.

Los servicios jurídicos de la Junta, asegura la delegada provincial, estudian todas las fórmulas posibles para encarar este conflicto. Eso sí, Jiménez insiste en que “no dejará tirado a nadie”, aunque precisa que la actuación de la Junta tan solo llegará cuando se constate que hay problemas y personas sin atención. “Si se rescata el servicio, sería algo temporal, porque el mismo tiene que retornar al Ayuntamiento que es el que tiene la competencia por ley”, asevera la delegada.

Mientras, la concejal de Asuntos Sociales, Reyes Chamorro, ha insistido en que el Ayuntamiento va a seguir cumpliendo con sus competencias, que circunscribe a la recepción y tramitación de expedientes, elaboración del Programa Individual de Atención (PIA) y seguimiento de los dependientes, así como seguir facilitando las infraestructuras propias que se tienen en los centros sociales para que las trabajadoras puedan atender allí a los usuarios.