Empleo ultima otros tres expedientes sobre las subvenciones de UGT

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa está ultimando otros tres expedientes sobre subvenciones públicas recibidas por la Unión General de Trabajadores (UGT), unas ayudas que están bajo sospecha por falta de justificación. Economía investiga un total de 17 expedientes por un importe de 7,5 millones de euros. En dos de ellos, el funcionario que ha instruido la investigación ha pedido a los servicios jurídicos de la Junta que reclame la nulidad de dos ayudas que suman 1,8 millones de euros para programas de acción sindical y de negociación colectiva y que se dedicaron a otros fines, como el de una comida a sindicalistas en la Feria de Abril de Sevilla.

El consejero de Economía, José Sánchez Maldonado, dijo ayer en el pleno del Parlamento que hay otros tres expedientes, ligados a fondos de políticas activas de empleo, en los que también se han emitido conclusiones a los servicios jurídicos aunque posteriormente rectificó y negó que estas se hubieran redactado.

Durante una comparecencia parlamentaria a petición propia, Sánchez Maldonado detalló en qué punto exacto del procedimiento administrativo se encuentra cada una de las ayudas investigadas, una información que no despertó mucho interés en el PP. Para este partido, “la responsabilidad política de las ayudas a UGT se llama PSOE y se llama Susana Díaz”, aseguró su portavoz, Carlos Rojas.

Según los datos que de manera muy enmarañada dio Sánchez Maldonado, hay siete expedientes en información previa, cuatro están en fase de revisión de oficio, en dos casos se han emitido conclusiones a los servicios jurídicos y tres están pendientes de conclusiones. Maldonado informó también de que UGT renunció a una subvención en 2012. Las subvenciones bajo sospecha corresponden a cuatro años: 2009, 2010, 2011 y 2012. Los expedientes investigados son por ayudas de tres departamentos de la Consejería de Economía: la dirección general de Relaciones Laborales; la dirección general de Seguridad y Salud Laboral; y el Servicio Andaluz de Empleo. Las facturas que se están investigado corresponden a programas sobre información, asesoramiento y negociación colectiva; desarrollo de actividades divulgativas y sensibilización en materia de prevención de riesgos laborales; y políticas activas de empleo.

Aún pasarán meses hasta que la Junta tome una decisión sobre las ayudas, ya que se deben consumir los trámites de audiencia y de alegaciones al sindicato. Será el Consejo Consultivo el que diga la última palabra, si declara nula o no las ayudas.

Maldonado aseguró que una vez que concluya la investigación se pedirá el reintegro de las cantidades concedidas que hayan tenido un “uso inadecuado, incorrecto o fuera de la ley”. En ese momento, será cuando la Junta decidirá presentar una denuncia contra el sindicato socialista.

El PP exigió el acceso a los 17 expedientes investigados, algo que Maldonado pospuso a una vez termine la investigación interna. Carlos Rojas negó que el PP plantee una “causa general contra UGT y los socialistas, sino una causa general contra la corrupción” y acusó a la presidenta de la Junta de actuar con desdén en este asunto y de “mirar hacia otro lado”.

Juan José Díaz Trillo (PSOE) y Rosalía Martín (Izquierda Unida) destacaron la actuación “activa” del Gobierno andaluz frente al de Mariano Rajoy con los casos de corrupción que afectan al PP. No obstante, pidieron a UGT una aclaración de lo ocurrido y una “regeneración” de la organización.