Y ahora, a revisar el alumbrado

El servicio para gestionar el alumbrado, los semáforos, los túneles y las fuentes de la capital es otro de los contratos de cifras millonarias que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha y cuya adjudicación se cierra estos días con una nueva amenaza de huelga a sus espaldas. El Consistorio ultima la adjudicación para los próximos ocho años, ampliables a 10, con unas condiciones que han vuelto a hacer saltar las alarmas entre los trabajadores por la rebaja económica prevista sumada a que no existe obligación de asumir a toda la plantilla actual.

 Si en noviembre fueron los barrenderos y jardineros los que se echaron a la calle tras la amenaza de un millar de despidos, ahora son los operarios de los nuevos servicios por adjudicar los que siguen de cerca los últimos datos para ver si también inician una propuesta con la que llevan amagando semanas. Los sindicatos con representación (CC OO, UGT y USO) han aplazado ya dos convocatorias preventivas de paros indefinidos. La última, prevista para hoy, quedó postergada ayer sine die hasta cerrar una reunión con las nuevas adjudicatarias.

El Ayuntamiento abrió ayer las plicas para la adjudicación de los tres lotes en los que ha dividido la ciudad (Centro, Oeste y Este) por un importe de salida de 785.887.156 euros, un 10% menos que el contrato actual. El Consistorio no informará de cuáles han sido las cuantías de las ofertas presentadas “hasta que no acabe el proceso”, según una portavoz. La previsión era iniciar el nuevo contrato el 1 de enero, aunque el proceso puede extenderse dos meses legalmente tras la apertura de plicas.

Fuentes sindicales señalan que las aspirantes con más opciones son la UTE formada por Acisa y Aceinsa Movilidad, para los lotes 1 y 2 (Centro y Oeste) y otra unión de empresas con Ferrovial Servicios, FCC Servicios Industriales y Energéticos, Indra Sistemas y Telvent Tráfico y Transportes para el lote 3 (Este).

La plantilla es de unos 700 trabajadores. Como ya ocurrió en el contrato de limpieza viaria —cuya concesión derivó en una huelga de 13 días por la amenaza de despidos— este pliego tampoco obliga a las nuevas adjudicatarias a mantener la plantilla, un aspecto por el que hasta la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha pedido rectificaciones al Ayuntamiento. Becerril reclamó al equipo de Ana Botella que extremara “la vigilancia” para varorecer “la estabilidad en el empleo de los trabajadores afectados por nuevas concesiones” y le recordó que puede introducir cláusulas que obliguen a mantener a los empleados.

El Ayuntamiento sostiene públicamente que no va a cambiar los modelos de contratos integrales. El aspecto que más pesa para obtener el contrato es presentar una propuesta económica a la baja (con 85 de los 100 puntos posibles) sumado al ahorro energético. El pliego recoge inversiones en obras de remodelación para modernizar las instalaciones que hacen temer a los sindicatos que el dinero para pagar a la plantilla sea finalmente aún más ajustado.

La oposición planteará hoy preguntas sobre este nuevo contrato integral en la comisión municipal de Medio Ambiente. IU solicitará conocer cuáles son las actuaciones políticas que el Ayuntamiento va a emprender “para evitar la huelga”, según la edil Raquel López. Jaime Lissavetzky (PSOE), que acusa al Gobierno local de “mirar para otro lado” en este asunto, cree que el nuevo contrato es “peligroso” para el mantenimiento de los puestos de trabajo.