Reforma local: legislar contra la gente

A veces, volver la mirada al pasado permite ver presente con más nitidez. Cuando en abril de 1979 se constituyen los primeros Ayuntamientos democráticos, aquellos alcaldes curtidos políticamente en las asociaciones vecinales o forjados de la lucha antifranquista se fijan como objetivo prioritario rescatar a su ciudadanía del barro, los descampados y los barracones que servían de escuelas. La masiva emigración del campo a la ciudad, una consecuencia más del desarrollismo, conllevó un crecimiento poblacional que no se correspondía con la capacidad que tenían los entes locales para facilitar las infraestructuras que demandaban. Entonces, los Ayuntamientos se encargaron de ampliar las redes de luz, agua y alcantarillado a las zonas que no tenían, al tiempo que se buscó el modo de acondicionar esos barrios para dotarles de escuelas, centros deportivos y culturales. Los municipios actuaron durante la Transición como motor de modernización de nuestras urbes al facilitar servicios públicos que consolidaban derechos básicos.

Ya casi han transcurrido 35 años desde entonces y las corporaciones locales seguimos siendo la Administración más cercana a la gente. Por ello mismo, no se entiende porqué el Gobierno de Mariano Rajoy se ha empeñado en sacar adelante una Ley de Reforma Local que estará en vigor desde enero de 2014, con la que se despoja a los consistorios de gran parte de las competencias que han permitido la construcción de un país de derechos y libertades al que nos terminamos acostumbrando. Y lo más paradójico es que esta ley se ha impuesto pese a la oposición de todos los partidos políticos, con el mío (IU) a la cabeza, y de la mayoría de los alcaldes del Partido Popular.

La Ley de Reforma Local no sólo supone la retirada de gran parte de las competencias que desarrollaban los Ayuntamientos sino que, además, prohíbe taxativamente que se presten bajo la amenaza del Ministerio de Hacienda de descontar de los tributos que las entidades locales reciben del Estado el dinero que se invierta en estos servicios. Hasta la fecha, los Ayuntamientos sostenemos los programas dirigidos a la juventud, la infancia o a fomentar la participación ciudadana. Nos ocupamos de la ayuda a domicilio, la teleasistencia, los centros de mayores o las escuelas infantiles públicas, y desarrollamos proyectos de igualdad de género, servicios sociales, e integración de la población inmigrante. Toda esta labor la hacemos, no sin dificultades, con fondos propios o mediante convenios con las comunidades autónomas.

Con la Ley de Reforma Local en la mano estos servicios públicos deberán ser financiados por unas comunidades autónomas que ya han anunciado que no tienen fondos para sostenerlos, o bien pasarán a ser privatizados. La preocupación sobre el futuro incierto de estos programas crece cuando se escucha a Ignacio González, presidente de la Comunidad, y a otros responsables autonómicos sentenciar que con el actual sistema de financiación, no pueden garantizar la continuidad de los servicios sociales públicos.

La obsesión por el control presupuestario vuelve a estar en el origen de una construcción argumental perversa, una letanía reiterada hasta el hartazgo por el Gobierno de Mariano Rajoy que suele terminar a menudo justificándose en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Dice el ministro Montoro que la Ley de Reforma Local se justifica en la intervención del gasto y la reducción del déficit que generan los Ayuntamientos. Resulta sorprendente esta aseveración cuando el titular de Hacienda sabe perfectamente que las Administraciones locales son las menos hipotecadas: solo el 4% del total de la deuda de las Administraciones corresponde a los Ayuntamientos. La Ley de Bases de Régimen Local, aprobada en 1985, regulaba un ámbito competencial impreciso que casi tres décadas más tarde exige de una verdadera reforma que defienda derechos de la ciudadanía y los servicios públicos que los garantizan. Algo que no se consigue despojando a los Ayuntamientos de sus limitadas competencias. Al contrario, la ley debería recoger una ampliación competencial y un incremento de la financiación. El dinero que invierten los municipios representa aproximadamente el 13% del gasto público, un porcentaje muy inferior al de países como Suiza (22%), Canadá (16%) o Estados Unidos (26%).

La Transición dejó sin resolver la descentralización administrativa de las entidades locales. Ahora vemos que se legisla desde el afán de hacernos retroceder a épocas preconstitucionales. ¿Acaso es igual la España del 79 que la del 2013? Esta ley, arbitraria a todas luces, refleja el criterio regresivo que mantienen el Gobierno y el PP sobre la necesaria descentralización de las administraciones locales. Es una visión alicorta, cuando no un planteamiento decimonónico y antisocial, no reconocer el papel que han jugado los Ayuntamientos en la dignificación de las ciudades, la modernización de sus estructuras y la extensión de servicios públicos.

No puedo ni debo ocultar algunas dudas y no pocos temores respecto del escenario que dibuja la entrada en vigor de la Ley de Reforma Local. ¿Se va a saber dar respuesta desde la lejana Puerta del Sol a las demandas de los vecinos y vecinas de Rivas, Algete o Guadarrama? Si, como dice la Comunidad no dispone de los fondos suficientes para financiar los programas que desarrollaban hasta ahora los ayuntamientos, ¿cuál es el futuro que les aguarda a las personas que reciben teleasistencia o ayuda a domicilio? ¿Le preocupa al señor Montoro que se cierren las casas de la juventud, los talleres de mujer o los centros municipales de mayores? Me temo que no soy el único en sospechar que detrás de la Ley de Reforma Local se oculta la intención de desposeer a la ciudadanía de servicios públicos esenciales para dejarlos en manos de la iniciativa privada que pondrá la rentabilidad económica por delante de la social.

Los responsables de esta reforma apuestan por el pasado por dos razones: por las condiciones que impone desde Europa la Troika, y por el conservadurismo que distingue a nuestros gobernantes. Ya lo hemos denunciado desde IU en múltiples oportunidades. El futuro, muy al contrario, apunta a los gobiernos de las ciudades como las estructuras sociales más capacitadas para dar servicios y generar actividad humana y económica. Este no es el signo de esta ley sino que es un nuevo y doloroso ejemplo del empeño que tiene el Gobierno del PP en legislar contra la gente, tal y como lo ha demostrado liderando leyes como la de educación, la reforma laboral; o imponiendo severos recortes en sanidad, dependencia y pensiones. Nadie debería olvidar cómo era este país hace unas décadas. La desmemoria nos empobrece y e impide mirar al futuro sabiendo que el presente se construye a través de la cercanía a las necesidades de la ciudadanía y no desde la prepotencia y con las tijeras en la mano.

José Masa es alcalde de Rivas-Vaciamadrid.