La jefa de Urbanismo de Alicante iba a las reuniones del PGOU a aprender

La sombra del caso Brugal, que investiga el presunto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz, proyecta suculentas ramificaciones. La Fiscalía Anticorrupción indaga cómo aterrizó el frustrado diseño del empresario Enrique Ortiz para remodelar el estadio José Rico Pérez en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) bajo sospecha. La jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Campos, aseguró este viernes que asistió a las primeras reuniones donde se decidió la operación “en calidad de oyente y para aprender”.

Campos, una interina que recaló en la cúpula urbanística de la mano de Castedo, en octubre de 2008, supervisó la redacción del PGOU durante la recta final de su tramitación. Este viernes declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ante el instructor del caso Brugal, Juan Climent.

La empleada municipal negó que formara parte de la comisión que decidió la recalificación del Rico Pérez. Un argumento que choca con la declaración del redactor del PGOU investigado, Jesús Quesada, según el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, que ejerce la acusación popular junto al PSPV.

La fiscalía investiga si estas reuniones influyeron en la tramitación final del PGOU. O por el contrario, el Ayuntamiento de Alicante decidió de antemano plegarse al proyecto de Ortiz. De hecho, Quesada mantuvo reuniones previas con técnicos municipales con el constructor sobre la recalificación del estadio.

El Consistorio apartó al funcionario que informó en contra del proyecto

Climent tomó también declaración como testigo al funcionario municipal Manuel Beltrán Martínez. El trabajador elaboró en junio de 2008 un riguroso informe que concluyó desestimar el proyecto de Ortiz y, en el supuesto de aprobarse, incorporarlo al PGOU y no como un plan parcial, como solicitaba el promotor. El funcionario, que acumulaba una experiencia de más de 15 años, fue apartado del área del planeamiento tras firmar su documento.

Este viernes se presentó ante el juez como un técnico independiente que “dejó de leer periódicos para aislarse de la presión mediática”, según un asistente a su declaración. “Le retiraron del puesto por elevación”, añade esta fuente.

El abogado de Ortiz, Alejandro Bas, enmarcó las sospechas del Ministerio Público en la “desaparición” de “una hoja” de un escrito de Campos. “Hay veces que se traspapela un folio al hacer una fotocopia”, justificó el letrado.

La polémica urbanística del Rico Pérez se remonta a 2008. Ortiz, máximo accionista del Hércules, proyectó a través de su empresa Aligestión aprovechar la remodelación del estadio para construir una torre con un hotel, oficinas y una zona comercial de 30.000 metros cuadrados. El constructor presentó su plan a la Gerencia de Urbanismo, donde acababa de llegar Campos como jefa. El plan se frustró por la presión de las asociaciones vecinales y la polémica del caso Brugal. Quedó entonces al descubierto la amistad entre Castedo y el constructor, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante.

La responsable jurídica de Urbanismo, Isabel Campos, se situó también en el centro de la polémica por su aparición en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de lujo de Ortiz. El empresario instó a la empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”, según las grabaciones.

Este viernes, el fiscal preguntó a Campos si estaba imputada por esta causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante. La trabajadora zanjó: “Solo estoy denunciada”.