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OPINIÓN

El proceso va por dentro

El derecho a decidir ha permitido a CiU sobrevivir a unas elecciones, marcar la agenda informativa y camuflar los recortes

En cuestión de semanas, aparecerá en el mercado la pregunta y la fecha de la consulta, dos productos que, en ausencia de permiso gubernamental para hacerla —condición expresada por Mas para proclamar o/y aplazar la Primavera—, tienen la aureola de otros grandes errores universales del diseño, como la compresa-cenicero, o el acelerador de partículas desechable. ¿Es así? ¿Qué funciones tienen, en todo caso, esos dos objetos desprovistos de función? Este artículo pretende esbozar una respuesta a esas preguntas, que se condensan en esta: el proceso que culminará con una fecha y una pregunta, pero no con un referéndum, ¿es, en fin, un fracaso?

Sobre el fracaso, es preciso señalar que, en la vida, sólo fracasa lo que carece de función. El proceso catalán, por tanto, es un éxito. Realiza su función. ¿Cuál es su función? Desde el 12S de 2012, fecha en la que el Govern asumió como suya una iniciativa apoyada por el 80% de la sociedad, su función es, como su nombre indica, gubernamental. La gestión del Derecho a Decidir, así, ha posibilitado grandes éxitos gubernamentales. CiU, el partido peninsular pionero en los recortes —brutales, estructurales—, siguió existiendo tras unas elecciones, algo inusitado en el Sur. Las actividades fundamentales de un gobierno sureño —asumir su ausencia de soberanía y suprimir el bienestar, hacer negocios con ello, pagar deuda, legislar vía presupuestos y sin orden el fin del Welfare State—, han pasado a un segundo plano, lejano. Se ha reducido la protesta social, y ha aumentado, a la vez, la represión y el control policial, sin apenas repercusiones.

Un gobierno similar/comparable/sustituible al español, al italiano, al portugués, al griego y, en breve, snif, al francés, ha mantenido cierta sensación de existencia. O, incluso, de originalidad. La más importante es, tal vez, su dominio cultural. La CT/ Cultura de la Transición, pocha en España —costará que un intelectual o un medio, cobrando lo mismo, defiendan, por ejemplo, la Ley Wert, o la Ley de Seguridad Ciudadana, como épica de la democracia frente a los violentos—, en Catalunya va a tutiplén.

Este dominio vertical de la cultura, que libera al poder de control, y acelera, modera, radicaliza o frena a voluntad la percepción de la gestión del Derecho a Decidir

El Govern fija la agenda informativa y es fuente de los temas que fija. Así, su gestión del Derecho a Decidir —teatral, sin voluntad y sin resultados, emitida para consumo interno—, copa la agenda cultural e informativa. La fórmula española y catalana CT de información —la tertulia radiofónica—, sólo habla de movimientos y épica democrática, de manera que es difícil, en verdad, percatarse de la dirección real, poco democrática e inapelable de las políticas gubernamentales.

Los medios públicos han evolucionado, rápidamente, hacia la RTVV de cuando cobraba. Cuando coges el transporte público, dispones, de forma gratuita, de medios escritos que te hablan de la evolución imparable de un Derecho a Decidir que no evoluciona —según los últimos datos facilitados por la Gene, esos medios nos salen de 3 a 6 euros por ejemplar—, pero no del proceso postdemocrático, evidente, diario, absoluto.

EL dominio vertical de la cultura es, de hecho, absoluto. Verbigracia: en la rueda de prensa del Govern, con motivo de la publicación del auto en el que se comunicaba que CiU cobró de Ferrovial por políticas, sólo dos medios —dos; dos; dos; dos—, preguntaron por ese caso. Este dominio vertical de la cultura, que libera al poder de control, y acelera, modera, radicaliza o frena a voluntad la percepción de la gestión del Derecho a Decidir, augura un gran futuro a la fórmula, que puede superar a este gobierno y alcanzar al próximo, se supone que de ERC, un partido que ha votado en Barcelona lo contrario que en Madrid —un indicativo de que hoy, en Barcelona, estamos más informados sobre Madrid—.

Es decir, la no investigación de la corrupción sanitaria, o de la represión policial —nos pongamos como nos pongamos, la mayor de Europa— y, tachán-tachán, la prolongación primero, y la emisión después, de presupuestos post-democráticos. Si la gestión del autonomismo, esa balsa de aceite que ahogaba conflictos, duró 35 años, la del independentismo puede durar lo mismo, consistir en lo mismo y, lo más gracioso, puede estar gestionada por los mismos. Todo apunta, en todo caso, a que la gestión gubernamental finalizará con final abierto, prolongable, en el que, de dos gobiernos post-democráticos implicados y con políticas similares, uno defenderá contra el otro su legado democrático no atendido. Que tiene guasa.

La pregunta —posiblemente dadá—, y la fecha —irrelevante— de un rederéndum que no se producidrá es, en efecto, un éxito gubernamental. ¿Lo es también social? No. En 2011 se produjero las movilizaciones sociales más importantes de Europa. La sociedad salió a la calle para hacer lo que no se hacía en los parlamentos. Defender la democracia y el bienestar. De todas las movilizaciones sociales, el Govern asumió como propia solo una. Y ni siquiera esa reivindicación ha salido adelante. El resto de demandas han sido, en Barcelona y Madrid, directamente desatendidas, reprimidas o/y legisladas en su contra. Estamos, de hecho, ante el mayor éxito gubernamental de años, y ante el mayor fracaso democrático en décadas.