El Sant Pau retrasa una intervención para atender a un paciente privado

La puerta abierta el pasado marzo por el hospital de Sant Pau para operar en sus instalaciones a pacientes dispuestos a pagar se topó el pasado miércoles con el primer conflicto de intereses con la sanidad pública, que es la que financia al centro casi en su totalidad con más de 300 millones de euros anuales. Un enfermo que ingresó por el servicio de urgencias y que necesitaba ser intervenido “con carácter urgente” para no poner en riesgo su pierna tuvo que esperar cerca de cuatro horas para entrar en quirófano. La razón fue que el servicio de cirugía vascular no quiso desprogramar y dio prioridad a una intervención “no urgente ni vital” a un paciente privado, denunció ayer el comité de empresa del hospital.

Según explican los trabajadores, la intervención privada estaba prevista para las cuatro de la tarde y consistía en colocar al paciente una endoprótesis en la arteria aorta para tratar un aneurisma. Esta operación requiere un equipo radiológico en el quirófano, el mismo que precisaba el paciente de la sanidad pública. Este había llegado al Sant Pau a las 11 de la mañana con una complicación vascular y sangrado activo en una pierna a raíz de una isquemia.

El conflicto surgió porque el hospital solo disponía de un arco quirúrgico radiológico para atender las dos operaciones y “priorizó la autorización del arco a la intervención privada”, a pesar de que el paciente público tenía carácter urgente.

La presidenta del comité, Carme Pérez, aseguró que al paciente de pago se le operó a las cuatro de la tarde, tal y como estaba programado, mientras que el enfermo de la sanidad pública no pudo entrar en quirófano hasta “cerca de las siete y media de la tarde”, después de que el equipo médico necesario quedara libre.

Un portavoz del Sant Pau, por su parte, negó que el caso suponga un trato de favor a los pacientes privados. “Las urgencias son sagradas y se priorizan en cualquier caso y por encima de todo”, aseguró. El hospital alegó que al paciente que entró por urgencias hubo que hacerle “las pruebas preoperatorias y lleva un tiempo prepararlo para bajarlo a quirófano”.

Esta versión es desmentida por el comité de empresa, que señala que en el historial clínico consta que a las cuatro de la tarde el paciente ya estaba listo para bajar a quirófano: “A las dos y media de la tarde se le hizo un TAC, que confirmó la necesidad de intervenir con carácter urgente. A las tres, en una sesión clinica, el radiólogo vascular comentó el TAC con los cirujanos vasculares y uno de ellos abandonó la sesión antes de finalizar para prepararse para la operación. Solo faltaba hacerle una analítica rutinaria de coagulación y un electrocardiograma y a las cuatro de la tarde estaban hechas”, explica la presidenta del comité. “No empezaron con la intervención del paciente de la pública hasta que acabaron de utilizar el arco en la operación del paciente privado”, concluyó.

Los trabajadores consideran que el caso “vulnera los principios deontológicos”

El comité de empresa denunció también que el paciente privado, tras pasar la noche en la unidad de reanimación (REA), “fue trasladado a una unidad convencional ocupando una cama en una habitación individual dentro de la dotación de camas públicas del hospital”. Sin embargo, aseguraron, “el paciente público permanece en REA pendiente de traslado” por falta de camas libres para ingresarlo en planta.

En este caso, el hospital alega que la cama donde fue ingresado el paciente que entró por la vía privada forma parte de la dotación que han cerrado debido a los recortes y a la falta de presupuesto. “Tenemos dos plantas enteras cerradas porque no hay dinero, así que las abrimos para la actividad privada”, explicó un portavoz del hospital.

El cierre de camas a causa de los recortes tiene un notable impacto en la actividad diaria del hospital de Sant Pau. El mismo miércoles, por ejemplo, “tuvieron que ser suspendidas cuatro operaciones porque no había camas libres para ingresar a los enfermos después de que salieran del quirófano”, denunció el comité de empresa.

Según los trabajadores, priorizar a los pacientes de pago por delante de los de la sanidad pública “vulnera flagrantemente los principios deontológicos, éticos y legales más elementales”. El comité de empresa también acusa a la dirección del hospital de incumplir su palabra ya que en marzo, cuando abrió la puerta a atender a pacientes de pago, aseguró que esta asistencia no interferiría con la asistencia pública.

El Sant Pau ha abierto la vía para atender a pacientes privados para lograr “nuevas fórmulas de financiación”, según explicó en marzo un portavoz del centro, sumido en una grave crisis financiera y que ha visto como los recortes del Departamento de Salud reducían su financiación pública desde los 329,5 millones en 2010 a 309,5 millones el año pasado.