Ultimátum a Dragados para que acabe las obras del paseo de la Dirección

Al Ayuntamiento de Madrid se le ha acabado la paciencia con la constructora Dragados, presidida por Florentino Pérez, a cuenta del paseo de la Dirección. No es la primera vez que ocurre. La calle lleva más de seis años en obras. En los dos últimos, no se ha producido avance alguno, para desesperación de los vecinos, que conviven con barro, cascotes y vallas. En marzo expiró la concesión de seis años para reformar el área, sin que la constructora hubiera cumplido su parte del acuerdo. El Ayuntamiento aprovechó esa posición de fuerza para renegociar las condiciones, incrementando la vivienda protegida proyectada. Pero, nueve meses después, las obras siguen paralizadas, así que Urbanismo ha decidido advertir a Dragados para que se atenga a las consecuencias si no reanuda los trabajos en cuanto concluyan, en cuestión de días, los realojos.

Solo se hará uno de los dos bloques proyectados para realojar a las familias

El paseo de la Dirección lleva en realidad 30 años convertido en un atolladero urbanístico. Esta hondonada cuajada de infraviviendas en el distrito de Tetuán fue marcada para su regeneración en el Plan General de Ordenación Urbana de 1985. Debía encargarse de ello el Instituto regional de Vivienda (IVIMA), pero ante la falta de avances, el Ayuntamiento decidió hacerse cargo en 2004, tras la llegada de Alberto Ruiz-Gallardón (PP) a la alcaldía. Aprobó un plan urbanístico, y puso la obra en manos de Dragados.

El área tiene 166.156 metros cuadrados de superficie. En principio, se iban a construir allí 1.972 viviendas libres. Dragados explotaría cuatro torres de 18 a 24 plantas (dos en la confluencia del paseo de la Dirección con la calle del Marqués de Viana, y otras dos junto a la calle del Capitán Blanco Argibay), y el Ayuntamiento se quedaría con 850 pisos protegidos. La constructora debía desdoblar además el paseo, de casi dos kilómetros de sinuoso recorrido y un carril por dirección, para descongestionar el tráfico.

Se iniciaron entonces las difíciles negociaciones para expropiar, con dinero municipal, los terrenos sobre los que se iban a levantar los pisos una vez realojadas las familias. El plazo de la concesión a Dragados era de seis años, con una posibilidad de prórroga de 18 meses. Expiró en marzo.

Unos meses antes, sin embargo, el Ayuntamiento ya sabía que el proyecto iba a ser imposible: Dragados atravesaba problemas de financiación, los pisos iban a ser difíciles de vender, y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria complicaba que cuadrasen las cuentas de la operación. Así que, ya con Ana Botella (PP) en la alcaldía, decidió modificar el plan urbanístico para convertir parte de la vivienda libre proyectada en protegida, en principio más fácil de colocar, puesto que el Ayuntamiento tiene una lista de espera de 13.000 personas.

La constructora alegó contra esos cambios, pero al expirar en marzo el plazo de la concesión sin haber cumplido su parte, se quedó sin argumentos legales para desistir o incluso exigir una indemnización. Así que aceptó el nuevo plan urbanístico y retiró las alegaciones que lo bloqueaban, de forma que fue aprobado ese mismo mes. Se inició así un nuevo plazo, hasta septiembre de 2014, para que la constructora concluyera las obras de urbanización y entregara las viviendas de realojo para 213 familias cuyos terrenos fueron expropiados.

De ellas, decenas han ido renunciando a ser realojadas, de forma que los dos bloques proyectados en principio para ellas se han quedado en uno, ya construido, tal y como aseguraron los vecinos. Hasta ahora, 45 familias han firmado la entrega del piso. Cuando lo hagan todas, en los próximos días, Dragados tendrá vía libre para urbanizar el área.

El nuevo plan prevé construir 47.500 metros cuadrados de vivienda libre (unos 500 pisos) y 149.750 de vivienda protegida (unos 1.500 pisos; el 40% a precio básico y el resto a precio limitado). Dado que el bloque de realojo ya está construido y no tendrá que hacerse el segundo previsto, la prioridad ahora es concluir la urbanización del área en el plazo previsto, antes de otoño de 2014. Para asegurarse de que así sea, el Ayuntamiento ha lanzado su aviso a Dragados para que empiece cuanto antes las obras.

La concesión municipal preveía 56 millones para expropiaciones y 45 para la urbanización. Hasta ahora, se han gastado 33 en el primer apartado, pero queda por resolver el contencioso sobre el precio: el jurado territorial de expropiación forzosa lo elevó de 868 a 1.062 euros por metro cuadrado, pero constructora y Ayuntamiento recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia.