Los presos de ETA pedirán el traslado a Euskadi invocando razones jurídicas

Los presos de ETA han acordado reclamar su traslado a cárceles vascas invocando razones jurídicas y dando prioridad a los reclusos enfermos, a los que tengan más de 70 años y a los 20 dirigentes del colectivo de reclusos. Las peticiones no incluirán ninguna autocrítica ni solicitud de perdón.

Las peticiones se presentarán inicialmente ante las juntas de tratamiento de las cárceles y, si no son aceptadas, se recurrirán ante los tribunales, según un documento de la dirección de los presos al que ha tenido acceso Vasco Press.

Esta decisión, tomada tras un debate desarrollado entre los reclusos, podría ser puesta en marcha a principios del próximo año, después de que se celebre la manifestación de Bilbao en apoyo a los presos convocada para el 11 de enero.

Los encarcelados han establecido como prioridad conseguir el traslado a cárceles de Euskadi como primer paso antes de pasar a una segunda etapa en la que reclamarían su excarcelación. El camino elegido para lograr el fin de la dispersión pasa porque cada interno presente ante la Junta de Tratamiento de su cárcel una solicitud "bien trabada jurídicamente".

En el caso de que las instituciones penitenciarias rechacen la reclamación se plantearía un recurso por vía judicial. Las solicitudes se presentarán individualmente, pero son fruto de una decisión colectiva y estarán organizadas por grupos.

Se han establecido seis grupos en función de la prioridad que se da a cada uno de ellos, de forma que la presentación de las peticiones de traslado se irán formulando, grupo a grupo, a lo largo de varios meses. El primer grupo incluye a los presos enfermos y a los que han cumplido 70 años. El segundo a los que llevan más de 20 años en prisión, junto con los 20 miembros de la dirección del colectivo de presos. Los demás grupos aglutinan a los internos que lleven 15 años en la cárcel, a los que lleven 10, a los que llevan un lustro y el último, a los demás.

La solicitud que se presentará ante la Junta de Tratamiento deberá explicar "la situación de cada uno, sin entrar en argumentos políticos". Será, según indican en el documento, una "solicitud puramente técnica". En ella se explicará el grado penitenciario en el que está clasificado el recluso, los años que lleva encarcelado, los centros por los que ha pasado, el coste económico que tiene para su familia, el tiempo que ha pasado sin ver a familiares directos, las semanas sin visitas, las circunstancias de comunicación (cartas, llamadas telefónicas, vis a vis), etcétera. Se completará con alegaciones sobre las "razones jurídicas" de la solicitud.

La única parte política de esos escritos estará dedicada a justificar que "estar en Euskal Herria es un derecho" y a reclamar el "derecho a tomar parte en el proceso" reconociendo el "compromiso con la izquierda abertzale, elegida por vías políticas y democráticas".

Las peticiones de los reclusos no contemplan incluir ninguna autocrítica por la actividad terrorista, ni mucho menos solicitudes de perdón. Es más, en el documento de la dirección de los presos se establece que esa solicitud debe hacerse "sin menciones a la vía del pasado, ni al compromiso con respecto a la vía política".

Esta afirmación parece dar a entender que no se ha aceptado una propuesta que habían discutido los presos en la que se ratificaba "el compromiso respecto al nuevo escenario" añadiendo: "En adelante, nos comprometemos a rechazar los caminos del pasado". No había una autocrítica sobre el uso del terrorismo, aunque se asumía el compromiso de no volver a utilizarlo.

La resolución final niega que hagan alusiones "a la vía del pasado". Los reclusos rechazan que se pueda emplear la reinserción social como argumento para pedir el trasladado a cárceles vascas. También desdeñan la actuación individual de los presos porque consideran que "facilita el juego de los Estados".