La defensa del ‘caso Ciempozuelos’ pide que se suspenda la vista por cuestiones técnicas

El juicio a los 12 imputados por el llamado caso Ciempozuelos, que iba a comenzar ayer en la Audiencia Provincial, se ha retrasado por una serie de cuestiones técnicas señaladas por los abogados de la defensa, que pretenden la suspensión de la vista oral.

Aseguran algunos abogados de la defensa que los escritos de acusación del PP y del sindicato de funcionarios Manos Limpias están redactados con inconcreción y generalización excesiva. Otros han señalado que no han tenido acceso durante la instrucción del caso a importante documentación.

No será hasta el 13 de enero cuando tenga lugar la primera declaración. El caso Ciempozuelos estalló en 2006 por una denuncia del sindicato de funcionarios Manos Limpias en la que aseguraba que dos exalcaldes socialistas de la localidad, Joaquín Tejeiro y Pedro Antonio Torrejón, habían cometido delitos contra la Hacienda pública, blanqueo de capitales, negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y estafa. Por estos presuntos delitos el ministerio fiscal solicita siete años de cárcel para Torrejón y seis años y seis meses de prisión, para Tejeiro.

El fiscal señala que ambos dirigentes viajaron en febrero de 2006 a Andorra con la intención de ocultar una parte del dinero que en los últimos años habían estado recibiendo de particulares en consideración a los cargos públicos que ocupaban. Sin embargo, en marzo de 2006 los gestores del banco andorrano requirieron a Torrejón y Tejeiro “para que justificasen el origen de los fondos depositados en tal entidad”. Según el ministerio fiscal, “con el fin de engañar al citado banco y evitar el cierre de las cuentas abiertas”, los acusados elaboraron un documento fechado el 18 de abril de 2005 “por el que aparentemente justificaban que iban a recibir hasta un total aproximado de 40 millones de euros”.

Entre los imputados también figuran otras 12 personas entre empresarios y familiares de los principales acusados por supuestamente “ocultar o encubrir bienes de origen ilícito” con la finalidad de ayudar a los exregidores a “eludir las consecuencias jurídicas” que dimanan de un delito de blanqueo de capitales.