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Jueces progresistas ven en la Ley de Seguridad tintes “autoritarios”

El portavoz de Jueces para la Democracia dice que no hay razones para cambiar la norma

El portavoz en Galicia de Jueces para la Democracia y titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Lugo, Luís Villares, ha criticado  la nueva ley de seguridad ciudadana y asegura que la misma es "más propia de un estado autoritario que de un estado democrático". Villares ha advertido que para el colectivo que representa se ve dicha ley "con mucha preocupación, porque no está basada en ningún hecho objetivo que justifique la modificación".

"Este cambio no es una actualización de la ley del 92, es algo diferente porque supone el aumento de las infracciones, un agravamiento de las sanciones, una desproporción de la sanción y una huída del control judicial", ha lamentado. Además, ha insistido en que tal modificación en la norma "no está justificada desde el punto de vista social, porque el CIS del mes de octubre establece la seguridad ciudadana como preocupación número trece de los ciudadanos". Villares se atiene a "datos objetivos", y ahondando en la ausencia de motivos para la reforma de la ley del 92 apunta que "España es de los países más seguros de la Unión Europea".

Por otra parte, el portavoz gallego de Jueces para la Democracia también ha aludido a la anulación de la doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. "Es evidente que en democracia no vale todo", ha dicho, al tiempo que añadió que era "previsible" que se anulara dicha doctrina por ser "contraria a los principios constitucionales". No obstante, quiso dejar claro que "comparte" el dolor de las víctimas, si bien anteponía que "la posición del Estado no es la posición de las víctimas". "Y la contemplación, en su conjunto, de los principios constitucionales tiene que dar lugar a una aplicación justa de la normas", ha abundado.

"Promover y alentar el descrédito de las instituciones democráticas, particularmente las relativas al poder judicial, simplemente porque en un momento determinado no guste o porque puede ser políticamente rentable, con ello se hace un flaco favor a la democracia", ha aseverado. "Era evidente que la aplicación de la doctrina Parot era contraria a la Constitución y a la ley vigente en que se impusieron esas penas, por lo tanto no cabía otra solución", ha concluido este juez lucense.

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