El PP pide que Méndez dé explicaciones en el Parlamento de Andalucía

Aunque con casi toda seguridad no prosperará, el Partido Popular de Andalucía quiere que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, comparezca en el Parlamento autónomo para explicar “el posible uso irregular de fondos públicos” a raíz de las facturas irregulares de este sindicato, así como por el cobro de comisiones por la gestión de expedientes de regulación de empleo pagados con recursos de la Junta de Andalucía.

La iniciativa solicitada ayer por la vicesecretaria de Organización y Política Municipal del PP, Ana María Corredera, no tiene visos de salir adelante, ya que ni PSOE ni Izquierda Unida, que suman mayoría en la Cámara, la avalarán. Los partidos de la coalición de Gobierno ya se opusieron a las comparecencias en el Parlamento andaluz del ya dimitido secretario general de UGT de Andalucía, Francisco Fernández Sevilla, y del líder regional de Comisiones Obreras, Francisco Carbonero. Los grupos de PSOE e IU entienden que la Cámara andaluza no está para fiscalizar la labor de los sindicatos, sino la del Gobierno.

Corredera aludió a informaciones periodísticas, según las cuales UGT “pudo haberse embolsado 600.000 euros por gestionar parte de los falsos ERE andaluces”. En su opinión, “esto pone sobre la mesa que la participación de UGT en el escándalo de los ERE trasciende de Andalucía y no era un hecho aislado” de la dirección regional del sindicato. La dirigente popular descartó que el grupo del PP en el Congreso registre la petición de comparecencia de Cándido Méndez ya que el origen de los fondos públicos son de la Junta.

Corredera acusó a la Junta de Andalucía de “connivencia” con UGT y reprochó a la presidenta andaluza, la socialista Susana Díaz, de no tener “ni una palabra crítica” con el sindicato ugetista.

El PP entiende que la Junta de Andalucía debe personarse “ya mismo” en el caso de las facturas irregulares de UGT. Hoy está previsto que se conozcan las conclusiones sobre dos expedientes analizados por la Junta de Andalucía por importe de 1,8 millones de euros. La Administración autonómica va a reclamar la devolución de esta cantidad y serán los servicios jurídicos de la Junta los que digan qué pasos deben darse a continuación. Los expedientes investigados son 30, de los que en 17, que suponen 7,5 millones de euros, puede haber irregularidades, según el Gobierno.

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento regional en la que reclama una “auditoría del uso de fondos públicos en sus entidades instrumentales”, a raíz de que el juez del caso Invercaria haya ampliado su investigación a nueve empresas públicas por el uso de las transferencias de financiación, un procedimiento administrativo seguido para pagar los ERE.