El caso de las facturas de la UGT pone a prueba el acuerdo de concertación

La dimisión de Francisco Fernández Sevilla como secretario general de UGT de Andalucía por el uso de dinero público para fines particulares del sindicato va a poner a prueba el acuerdo concertación. El que está en vigor se firmó en noviembre de 2009 y ahora toca negociar uno nuevo. Al contrario que en otras ocasiones, nadie todavía ha movido ficha, ni desde el Gobierno, ni desde las centrales UGT y Comisiones Obreras, ni desde la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), los cuatro protagonistas exclusivos desde que se selló por primera vez en 1993. No hay fecha, por ahora, para iniciar las conversaciones.

Nadie pone en duda la legitimidad de UGT para volver a sentarse en la mesa de la concertación, pero hasta que no elija a una nueva dirección y designe otro interlocutor, en un proceso que puede alargarse más allá de enero, va a ser muy difícil retomar la normalidad. Los acuerdos de concertación han garantizado, en cierto modo, la paz social en la comunidad, gobernada desde las primeras elecciones autonómicas de 1982 por el PSOE. El último pacto firmado por los agentes sociales y el Gobierno ha movilizado 19.825 millones de euros.

A pocos se les escapa que la movilización sindical contra las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras las elecciones de noviembre de 2011 fue clave para que la izquierda en su conjunto frustrara una victoria por mayoría absoluta del PP que pronosticaban todas las encuestas en Andalucía. Pero el caso de las facturas irregulares de la UGT ha enfriado las relaciones entre los dos sindicatos mayoritarios, aunque mantengan la unidad de acción, y también la desconfianza se ha ido abriendo paso en el Gobierno que preside la socialista Susana Díaz.

Que se sepa hasta ahora, la UGT ha devuelto 25.000 euros por usar subvenciones públicas para pagar una comida en la Feria de Abril de Sevilla y adecuar un pabellón deportivo para una reunión sindical. La Junta de Andalucía está analizando 30 expedientes y sospecha que en 17 de ellos, que suman ayudas por 7,5 millones de euros, pueden existir irregularidades. Sí tiene claro que tendrá que devolver 1,8 millones en el caso de los dos primeros investigados.

Según fuentes del Gobierno, el octavo Acuerdo de Concertación Social tendrá perfiles distintos a los hasta ahora negociados, dado que la propia presidenta de la Junta defendió en su discurso de investidura poner en marcha un nuevo modelo productivo y primar los incentivos a la subvención, un camino que ya inició ex expresidente Manuel Chaves con José Antonio Griñán como consejero de Economía,

El Gobierno andaluz mantiene que el caso de la UGT "no tiene nada que ver con la concertación", afirma el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios. Este defiende que el pacto entre los agentes sociales y la Junta ha contribuido a "la cohesión territorial" y que lo ocurrido "no puede poner en cuestión" este instrumento, aunque sí apuesta por "extraer conclusiones para tomar un nuevo impulso". Del mismo modo, el secretario de Organización del PSOE, Juan Cornero, cree que este caso "no debe afecta a la concertación" y asegura que el papel de la UGT en defensa de los derechos de los trabajadores "no puede estar en cuestión por hechos que hay que clarificar y depurar responsabilidades".

También el coordinador de IU, Antonio Maíllo, distingue entre "la situación difícil" por la que atraviesa UGT del objetivo político de alcanzar un pacto con los agentes sociales, con un "modelo diferente" al de hasta ahora, que él considera agotado. IU apuesta por la entrada en el pacto de la economía social.

El Partido Popular reclama bajar el balón al suelo. "Hay que ser prudente", sostiene el secretario general del PP, José Luis Sanz. "No es el momento de poner encima de la mesa otro acuerdo de concertación hasta saber hasta dónde ha llegado todo esto. La Junta de Andalucía tiene que dar muchas explicaciones de por qué han fallado los controles del dinero", precisa. Sanz se pregunta si "el control del dinero solo ha fallado en UGT o si también ha ocurrido con Comisiones Obreras y la CEA". En su opinión, en este caso hay dos responsables, el que recibe el dinero y el que lo da "y no lo controla", en alusión a la Junta. Para Sanz, el debate de la concertación "tiene que quedar totalmente aplazado, hasta que no se sepa toda la verdad".

Francisco Carbonero, secretario general de CC OO, considera "imprescindible" más que nunca el papel de los sindicatos y asegura que la investigación a la UGT no debe afectar al acuerdo de concertación. "Sería un gran error pensar que las situaciones que puedan pasar organizaciones sindicales, empresariales o el propio Gobierno puedan afectar a la búsqueda de acuerdos y de consensos", subraya.

Hasta ahora, CC OO no se ha visto salpicada por irregularidades, mientras que la CEA está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla, que ha admitido a una denuncia presentada por seis constructores contra el presidente de la patronal, Santiago Herrero, al que acusan, junto a otros siete directivos, de una estafa de 591.000 euros en un proyecto de VPO.

Los tres fijos de la foto de la concertación con el Gobierno andaluz (UGT, CC OO y CEA) han acometido despidos y reducciones salariales en sus plantillas debido a la caída de ingresos para cursos de formación que pagaba la Junta y también de las cuotas de afiliaciones.