Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
ÁLVARO GARCÍA ORTIZ Fiscal jefe de Medio Ambiente en Galicia

“La instrucción del ‘Prestige’ necesitaba más medios y experiencia internacional”

El fiscal del caso mantiene que se cometió el delito ecológico que niega la sentencia

"Me gustaría haber podido acceder a las pruebas del pleito en Estados Unidos", afirma

Alvaro García Ortiz, el pasado jueves en su despacho de los juzgados de Santiago.
Alvaro García Ortiz, el pasado jueves en su despacho de los juzgados de Santiago.

Fiscal desde el minuto cero en el proceso por la catástrofe del Prestige, ya considera un milagro que el asunto llegara a juicio. Y ahora tras la sentencia que deja sin culpables el desastre, Álvaro García Ortiz (Lumbrales, Salamanca, 1967) se prepara para seguir la batalla judicial, con un recurso ante el Supremo que reconoce complicado. No quiere ni puede opinar sobre el fallo de la Audiencia de A Coruña. Pero subraya las severas trabas e incluso ocultación de pruebas tras una década de instrucción y un juicio de nueve meses. Y que perjudicó el pleito fallido que España intentó contra la sociedad que avaló al petrolero. García Ortiz está convencido de que hay materia para que se dictamine “que sí hubo delito ecológico”. Como representante de las victimas españolas y francesas, insiste en que perjudicada es toda la sociedad. “Perjudicados somos todos y ahora hay que ver quién y de qué forma paga”, afirma.

Pregunta. ¿Era necesario un juicio tan largo de nueve meses?

Respuesta. Fue muy intenso y exigente con un nivel jurídico y técnico altísimo.

P. ¿Entiende la indignación que suscita el fallo absolutorio?

R. Ni puedo ni quiero hacer un juicio de valor de la sentencia. La gente tiene derecho a opinar sobre la Justicia. Pero otra cosa es que una institución como la fiscalía pueda decir lo que le parece. Respeto absolutamente lo que los magistrados pusieron en esa sentencia. Es muy complicada de dictar, con unos hechos y condicionantes muy complejos. Las opiniones jurídicas se manifiestan en los recursos. Mantenemos que sí hubo delito ecológico y por eso recurrimos.

P. Como fiscal pidió en su alegato final un fallo valiente, que sentara precedente y no fue así.

R. Al no considerar una condena del capitán del barco por un delito medioambiental, el tribunal no tuvo la oportunidad de abrir más puertas. Pero bueno, es así la Justicia.

P. Once años de juicio para que no haya culpable. ¿Estuvo viciado desde un principio?

R. Sí, creo que hubo muchísimos condicionantes en este proceso. El juez competente para instruir el caso no se puede elegir, es el que toca. Podemos discutir que sea más o menos operativo. ¿Tiene el juzgado territorialmente competente como es el de Corcubión la capacidad y posibilidades para hacer una instrucción tan compleja? Pese al esfuerzo de los funcionarios, costó muchísimo, la instrucción fue muy trabada. Nos hubiera gustado una instrucción más ágil, con más medios y más experiencia internacional. Esperar una comisión rogatoria en otro país podía significar años. Ahora eso ya no ocurre, los instrumentos de derecho internacional han mejorado. Hay también que entender que dificultó el pleito los intereses contrapuestos entre el Estado y grandes corporaciones con intereses en el comercio marítimo. Muchas pruebas aparecieron con posterioridad, como se vio en el juicio, fueron muy difíciles de encontrar o de conocer.

P. ¿Cree, como el presidente del tribunal, que perjudicó mucho el pleito que intentó España en Estado Unidos contra ABS, la sociedad que avaló al Prestige?

R. Son procesos distintos pero sí, no se ha tenido acceso en España y en Estados Unidos a las mismas pruebas, tanto las que volcaron el Estado como ABS y el entorno profesional del capitán. Me hubiera encantado tener acceso a todo el material probatorio, y no lo tuvimos. Pero desde luego no es culpa de los abogados del Estado.

P. La sentencia carga ahora las culpas contra ABS e incluso que se le pida responsabilidades civiles, cuando la propia Audiencia rechazó en 2008 incluirla en la causa.

R. Tiene su lógica procesal. Si has decidido no condenar penalmente, se abre la vía civil y es obligatorio ponerlo en la sentencia. Otra cosa es que exista o no esa posibilidad, y procedimientos como el que intentó España contra ABS en Estados Unidos pueden impedirlo.

P. La sentencia ni siquiera blinda el destino de los 22,7 millones de euros depositados hace 11 años por la aseguradora.

R. Es una cuestión muy interesante y esa discusión jurídica será objeto de recurso, pero aún no puedo decir nada. En el anuncio de nuestro recurso, decimos que ese dinero tiene que seguir ahí. No debe haber devolución sino ver qué se hace con él. La sentencia no es firme y es una cantidad destinada obligatoriamente, porque así lo dice el tratado internacional, a las víctimas. Hay que garantizar eso.

P. ¿Tiene consecuencia que la aseguradora británica del barco también se blindara ante la justicia de su país para evitar tener que pagar si es declarada en España responsable civil de la catástrofe?

R. No diré nada de momento.

P. Ante el Supremo, sólo valen argumentos jurídicos para un recurso de casación. ¿Es muy difícil que prospere, no?

R. Es una buena reflexión. En España no tenemos segunda instancia, no hay derecho a la apelación como tal. Sólo hay el recurso extraordinario de casación y ese carácter extraordinario hace que sea de acceso restringido, y todavía más para ir de una absolución a una condena. Nos enfrentamos a un escenario jurídicamente complicado. Pero tampoco estamos hablando de otros diez años. Mantenemos nuestra pretensión de que sí hubo delito ecológico, ya lo argumentaremos jurídicamente.

P. ¿Pedirá la fiscalía, como hará el Estado, que la condena de Mangouras por desobediencia implique alguna responsabilidad?

R. Agotaremos todas las vías jurídicas y esa es una. Se puede plantear ante el Supremo.

P. Y luego están las demandas de responsabilidad civil.

R. Las victimas españolas, en términos muy genéricos, han sido indemnizadas en mayor o menor grado aunque nadie se ve perfectamente resarcido nunca. Pero no hay una presión social por parte de las víctimas españolas para ser resarcidas puesto que, o bien el Estado o la sociedad, todos hemos acabando pagando parte de esta catástrofe. Eso lleva a dos cosas: primero hay una parte de las victimas, las francesas, que no han tenido esa correspondencia con su Estado o el Estado español, no han sido resarcidas más que por los instrumentos objetivos que son muy parciales. ¿Quiénes somos los perjudicados aquí? Somos todos. Porque por un lado lo que perjudica al medio ambiente nos perjudica a todos, y porque toda la sociedad ha tenido que contribuir a que los damnificados directos por la catástrofe fueran resarcidos. Y es una buena forma de ver la cuestión de las víctimas y a quien y de qué forma tenemos que intentar que se pague.

P. ¿Es un retroceso respecto al Erika, donde sí hubo en 2012 una condena ejemplar?

R. Son casos diferentes, con hechos muy distintos aunque aparentemente parecidos. Con el Erika había un escenario y un entorno totalmente europeo. Es un componente importantísimo. Es cierto que hubo avances con el Erika, pero las puertas que se abrieron con ese desastre, aquí no pudimos llegar a ellas al entender el tribunal que las personas enjuiciadas no eran responsables de la catástrofe.

P. El principio de quien contamina paga se queda en nada.

R. Paradójicamente no es aplicable al Prestige por la especificidad del tema de los hidrocarburos. Se aplicó al Erika porque hubo una resolución del Tribunal Europeo, que entendió que el productor del residuo, Total-Fina, era responsable del residuo. Fue una forma de engancharlo. En el Prestige no sabemos quien es el productor del residuo.