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Abrazar (o no) la transparencia

El sindicato UGT ha vivido su peor semana en décadas. El escándalo de las facturas falsas le ha costado la salida de su líder andaluz y esta semana debate si inicia la senda de la ruptura con el pasado o prorroga el continuismo

Javier Martín-Arroyo
Francisco Fernández Sevilla, ha dimitido tras solo seis meses al frente del sindicato UGT.
Francisco Fernández Sevilla, ha dimitido tras solo seis meses al frente del sindicato UGT. JULIÁN ROJAS

Hasta los más críticos tienen el alma partida. El sindicato UGT atraviesa sus horas más bajas en Andalucía y hay voces discordantes con el discurso oficial de negar la evidencia de las facturas falsas endosadas a la Junta. Pero cuando destripan las prácticas indebidas dentro de su organización, se muerden el labio. Y sienten desazón porque les parece que con sus críticas contribuyen al descrédito de los sindicatos y echan un cable a la cúpula empresarial y al Gobierno. Tras censurar la deriva del sindicato, todos mencionan la regresión de derechos de los trabajadores gracias a la reforma laboral del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y se sienten culpables.

Sin embargo, la crisis de la federación con más afiliados (unos 200.000 sobre un total de 1,1 millones en todo el país) es de calado. Y no tiene visos de frenarse tras la dimisión de su secretario general, Francisco Fernández Sevilla. La cúpula se renovará el próximo 9 de enero, y hasta entonces a UGT le restan cinco semanas en las que continuará el goteo de informaciones comprometedoras, mientras que los aspirantes al trono se posicionan. Pero, ¿dará un giro el sindicato para aclarar cómo se ha llegado a este punto?

La dirección debate esta semana si rompe con el pasado e inicia la senda de la transparencia. Y es que solo en 2012 el sindicato gestionó más de 30 millones en fondos públicos para la formación y el empleo transferidos por la Junta. Y la responsabilidad de rendir cuentas hasta el último euro no termina de calar entre sus dirigentes, para, por ejemplo, publicar la gestión del dinero público a través de su página web. José Ginel, secretario de Comunicación, alega que es un proceso complejo que lleva su tiempo. Hace autocrítica, pero siempre con la boca pequeña, aunque admite que la estrategia del silencio genera incomprensión: “Puede ser que en la calle se piense que el que calla otorga, pero no hemos tenido tiempo material de revisar la información”, rebate sobre la falta de conclusiones de la comisión interna de investigación.

“El chalé de Federico” es el término coloquial de los trabajadores para denominar al edificio donde se registraban las facturas abonadas con fondos públicos. Allí una veintena de trabajadores lidiaba con los proveedores y gestionaba las facturas bajo las órdenes del secretario de Administración, Federico Fresneda. Los conceptos y las cuantías se alteraban para beneficiar las arcas del sindicato gracias a la “generosidad” de la Administración andaluza. La mayoría de voces consultadas achacan la sensación de impunidad generalizada que cuajó en el sindicato hermano del PSOE, a los 31 años que los socialistas han gobernado la Junta. “Todos los de UGT hemos tenido un padrino”, explica un extrabajador afectado por el ERE que despidió a 159 trabajadores. Y aflora el nepotismo. “En el programa Orienta [pagado con fondos públicos para la orientación en el empleo] hay muchos primos, cuñados y tíos de políticos socialistas y líderes sindicales”, añade este empleado que pide el anonimato.

La salida de Fernández Sevilla tuvo un precedente hace un mes, cuando la ejecutiva provincial de UGT en Cádiz dimitió en bloque por el caso ERE, que salpicó al sindicato por las comisiones cobradas a través de intermediarios. Su secretario provincial, Salvador Mera, se resistía a dimitir pero sus compañeros forzaron su abandono.

Fernández Sevilla también aguantó titulares que pedían su cese inmediato, pero finalmente fue el secretario general, Cándido Méndez, quien le obligó a dejar el cargo. “Hablo con Cándido más que con mi mujer”, contaba a su entorno Fernández Sevilla para demostrar que la comunicación con Madrid era constante. Sin embargo, ha sido necesaria la iniciativa de la Junta, que le reclama 1,8 millones en ayudas indebidas, para obligarle a dar el paso.

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Esa querencia al cargo ha sido el sello de su predecesor, Manuel Pastrana, que se mantuvo 15 años al frente del sindicato andaluz, desde 1998 hasta el pasado mayo. Y Pastrana dirigió la central los años en los que se endosó a la Junta conceptos irregulares como una comida de la Feria de Abril por 12.000 euros pagada por el Ejecutivo autónomo.

Germán Domínguez, secretario de Formación durante tres mandatos con Pastrana, lideró la corriente crítica pero su propuesta de lista alternativa a Fernández Sevilla se frustró la primavera pasada. “Los dirigentes han sido unos chapuceros. Desde el primer momento tenían que haber cogido el toro por los cuernos, pero no son personas muy capacitadas para afrontar una situación tan difícil”. Domínguez apuesta por dar un vuelco a la cúpula del sindicato y dejar paso a estudiantes, comités de empresa, trabajadores e intelectuales. Y censura que por sistema se evite la autocrítica y se premie el seguidismo. “La izquierda siempre ha hecho la crítica y la autocrítica. Sobre los errores, empezar a construir. Lo más fácil es llegar y hacer una auditoría. El compañero se puede equivocar y luego sobre el que ha tenido ánimo de lucro, los tribunales dirán”.

La central funciona como un dinosaurio con decenas de federaciones y uniones provinciales en las que la disciplina es tan apreciada como en los partidos políticos. Las voces discrepantes se arrinconan y el debate apenas se fomenta. Es más, se interpretan a menudo como una agresión a la organización, según coinciden dirigentes críticos pero también del aparato. “El problema es que se codean con el Ejecutivo. Las luchas internas existen entre los trabajadores para el comité de empresa o delegado sindical”, describe un dirigente.

Ayer el secretario general del PP, José Luis Sanz, invitó a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a “dar lecciones de transparencia” a los demás [en referencia a UGT] y entregar en el Parlamento los 17 expedientes de oficio que analiza el Ejecutivo sobre ayudas por 7,5 millones concedidas a UGT. Mientras, el vicepresidente del Gobierno, Diego Valderas, replicó que la Junta “ha hecho lo que tiene que hacer” sobre los expedientes, y estimó “acertada” la dimisión de Fernández Sevilla.

El futuro del sindicato es incierto. También su relevancia a partir de ahora. Las respuestas están en la justicia, pero sobre todo en los afiliados, que han visto cómo a la pérdida progresiva de nivel adquisitivo se le ha sumado la de derechos. El reto de UGT para recuperar su credibilidad perdida en estos meses es enorme, coinciden todos sus dirigentes. “Cuanto más te acercas a la cúpula, menos permeable es”, censura un exsecretario. Ahí reside parte del problema.

La peor crisis desde la PSV

MANUEL V. GÓMEZ

Cándido Méndez es secretario general de UGT desde 1994. Sustituyó al histórico Nicolás Redondo, que dejó el cargo arrastrado por la PSV, la cooperativa de viviendas vinculada al sindicato que acabó en suspensión de pagos y con unos 20.000 afectados. Aquel capítulo de comienzos de los noventa se saldó con una sola condena de cárcel, la de Carlos Sotos, y la absolución de los dirigentes sindicales acusados. El Tribunal Supremo libró a la central de asumir los 78 millones que se le reclamaban de responsabilidad civil, pero la mancha de aquel episodio y su recuerdo todavía estremece a sus afiliados y dirigentes. “No mientes a la bicha”, exclamaba ayer uno de ellos.

Entre lo vivido hace 20 años y la crisis de las facturas falsas que, de momento, se ha llevado por delante al secretario general de Andalucía, hay muchas diferencias. La PSV estuvo a punto de abocar al sindicato a la quiebra y le obligó a renunciar a sus derechos sobre el patrimonio histórico sindical para resarcir al Estado de la deuda que contrajo con él para afrontar la crisis. Sin embargo, el golpe a la confianza e imagen de la central sí que es comparable, así lo ven una decena de dirigentes actuales y antiguos consultados. También hay unanimidad en que no ha habido un momento más duro para UGT desde entonces. ¿Más o menos que hace dos décadas? Ahí sí que no hay coincidencia.

“Entonces las responsabilidades estaban muy claras, se sabía quienes eran los responsables. Ahora es distinto. Esto afecta a nuestra gente en los centros de trabajo”, explica uno de los consultados, ya retirado. No lo tiene tan claro uno de los dirigentes en activo, “entonces estuvieron a punto de quemarnos la puerta de Hortaleza [calle madrileña donde está al sede central] dos veces”.

La preocupación por lo que sucede con los delegados en las empresas es una constante. Incluso trasciende a la UGT y llega al otro sindicato mayoritario, CC OO, socio en el diálogo social y rival en las elecciones sindicales. “Nadie sale bien parado de estos episodios. Puede que afecte con UGT, pero la gente ya no distingue, ve a ‘los sindicatos’. Igual que la crisis de la PSV nos afectó a todos, está también lo va a hacer”, apuntan en CC OO.

“Nosotros somos como la prensa, vivimos de la confianza y la credibilidad. Si la perdemos, no somos nada. Y lo que pasa en Andalucía afecta a eso”, analizan en la Ejecutiva confederal, de ahí que insistan, como llevan haciendo en los últimos días, en que ahora “tienen que aclarar las cosas, para limpiar esa imagen”.

De que lo hagan con más rapidez, contundencia y claridad de la mostrada hasta ahora, y asumiendo las responsabilidades, depende en buena medida el futuro de UGT. Las facturas falsas como el caso de los ERE, también en Andalucía, han llegado en un momento social muy distinto de los años noventa. Entonces, los sindicatos gozaban de un prestigio del que ahora, en buena medida, carecen, afectados también por la crisis institucional de la sociedad española.

En los primeros compases de la crisis, la respuesta de UGT, sobre todo en Andalucía, es que obedecía a una campaña mediática en la que se mezclaba el caso de los ERE, y las acusaciones de financiación a través de la formación. Aún usan este argumento, pero ahora se pone más énfasis en la depuración de responsabilidades, léase dimisiones, y la aclaración de lo sucedido. “No podemos quedarnos solo en eso. Hay que aclarar lo sucedido”.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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