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El juez imputa a la jefa de Urbanismo prevaricación “que puede ser cohecho”

Rivas aprobó una licencia que luego dio pie a una orden judicial de derribo

Chalés cuya construcción está paralizada
Chalés cuya construcción está paralizada

La secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, declaró ayer como imputada por un presunto delito de prevaricación urbanística en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sanxenxo en la que también están implicadas otras 12 personas, entre ellas la actual alcaldesa del municipio pontevedrés, la popular Catalina González. Aunque Rivas fue citada por una presunta prevaricación en su etapa de directora de la Gerencia de Urbanismo, entre 2004 y 2006, cuando era regidor Telmo Martín, el instructor ha advertido que esta acusación “podría dar lugar a un delito de cohecho”, según confirmaron fuentes judiciales a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La posible ampliación de la imputación de la que fue máxima responsable del urbanismo en Sanxenxo a un delito de cohecho viene a complicar aún más el caso que comenzó como una de tantas investigaciones que se han abierto en los juzgados de Cambados por supuestas ilegalidades urbanísticas contra políticos y técnicos que han desfilado por este ayuntamiento. El interrogatorio de la secretaria general de Urbanismo de la Xunta duró tres horas para aclarar, entre otras, las irregularidades apreciadas en la licencia concedida a la promotora Construcciones Balboa y Chan, SL, que levantó un bloque de viviendas en la calle Progreso de Sanxenxo y que supuestamente contó con todos los informes favorables de Rivas.

El edificio se construyó pero dio lugar a una denuncia y orden de derribo hace tres años que todavía no se ha ejecutado. La sentencia firme del TSXG, que confirmó una anterior de un juzgado de primera instancia de Pontevedra, ordenó en 2010 la demolición del edificio desestimando todos los recursos interpuestos por la promotora para intentar salvar el inmueble.

La licencia se concedió en 2006, meses antes de que Rivas abandonara la Gerencia de Urbanismo y después de encajar varias modificaciones por las que se le permitió a la promotora construir un edificio de dos bloques. Este permiso se otorgó pese a que uno de los inmuebles carecía de vial de acceso y el paso se tenía que hacer a través del otro bloque que da a la calle Progreso. La carencia y la posterior solución técnica del edificio fueron el centro del litigio que acabó en orden de derribo, ya que, según el fallo, incumplía las normas urbanísticas contempladas en el Plan General de Ordenación de Sanxenxo, cuya redacción estuvo dirigida también por Encarnación Rivas, licenciada en arquitectura.

La imputación de la secretaria general de Urbanismo sorprendió en medios políticos y del propio gobierno municipal en Sanxenxo, hacia el que se dirigían las denuncias de al menos cinco expedientes presentados en la Fiscalía y en los que se pone el acento en las presuntas arbitrariedades que presiden la concesión de licencias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no dudó ayer en expresar públicamente su confianza en su alto cargo imputada, aunque se afanó en puntualizar que “los directores generales no forman parte del Gobierno sino el presidente y los conselleiros”. Feijóo elogió la trayectoria de su jefa de Urbanismo. “Estaremos muy atentos a esa llamada [judicial] a la directora general, de la que tenemos el mejor concepto tanto en su labor anterior como en su actual etapa en el Gobierno gallego”, añadió el presidente.

Después de la secretaria general le tocó el turno en los juzgados a Soledad Leiro, exasesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo que abandonó este departamento municipal el pasado año, junto a otros cuatro técnicos que fueron destituidos por el Ayuntamiento por falta de trabajo. Mañana está previsto que declare la alcaldesa, Catalina González, en relación a otros tres expedientes urbanísticos denunciados en el juzgado de Cambados. La regidora, del PP, comparecerá ante el juez Juan Manuel Hermo en calidad de imputada por tres delitos: prevaricación, cohecho impropio y tráfico de influencias.

 

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