La Generalitat afirma que la partida de 5 millones para la consulta es ampliable

El Gobierno catalán ha consignado en su proyecto de Presupuestos, que serán votados en el Pleno del próximo 17 de mayo, una partida de cinco millones de euros para organizar y celebrar la consulta secesionista en Cataluña. Joana Ortega, vicepresidenta de la Generalitat y consejera de Gobernación, ha señalado que la partida es “muy ampliable” y que dependerá al final del grado de colaboración que encuentren en el Ejecutivo de Mariano Rajoy para poderla convocar. “La previsión es incierta y la ampliaremos hasta donde sea necesario”, ha precisado la número dos de Artur Mas en la Comisión de Asuntos Institucionales, en la que se ha debatido el presupuesto de su departamento.

Ortega ha reiterado que la cifra es "flexible" y ha constatado que podría reducirse notablemente en función de la complicidad del Gobierno central, principal gestor de la infraestructura para organizar unas elecciones, empezando por ser el propietario del censo electoral. El coste de la eventual consulta es actualmente una incógnita: los únicos datos de referencia que han trascendido son, por ejemplo, los 35 millones que costaron las elecciones autonómicas de 2012 en las que están incluidos las subvenciones a los partidos. El Ejecutivo catalán sostiene que todo dependerá de cómo se articule el referéndum y a través de qué instrumento jurídico. Pero no solo por eso. Por ejemplo, una urna de cristal tiene coste de 30 euros pero una de cartón, solo dos. En el Quebec, las utilizaron de cartón y luego las reciclaron en los colegios convirtiéndolas en teatros de marioneta para niños.

La oposición ha hecho lecturas diametralmente opuestas sobre los cinco millones presupuestados. El socialista Jaume Collboni ha recordado que los últimos comicios, según sus datos, costaron 14 millones. En el cálculo no ha incluido las subvenciones que recibieron los partidos para sufragar la campaña. Los socialistas sospechan que CiU ha querido consignar esa suma únicamente para contentar a Esquerra porque sabe con certeza en realidad que no podrá organizar la consulta mientras el PP teme que sea una estrategia para no escandalizar al Estado. El PSC ya ha registrado una pregunta para conocer cuánto costó, pro ejemplo, el referéndum del estatuto de Cataluña votado en 2006.

“No sabemos si han previsto esa partida siguiendo el guión de ERC para aprobar los Presupuestos. No sabemos si lo hacen para quedar bien o si lo cumplirán”, ha afirmado Collboni, portavoz socialista, quien ha lamentado que los Presupuestos consolidan los recortes y abren la puerta a las privatizaciones. El popular Pere Calvó ha lamentado que haya “barra libre” con la consulta. “Su prioridad es ella y el resto es secundario”, ha dicho. Carina Mejias, de Ciutadans, ha lamentado: “Tendremos urnas pero no becas-comedor ni podremos pagar los medicamentos”.

En su intervención, la vicepresidenta ha expresado su voluntad de cumplir con "rigor y responsabilidad” tres mandatos: primero, acatar el programa electoral de CiU de organizar el referéndum; segundo, asumir el pacto de estabilidad entre CiU y Esquerra y, por último, trasladar la voluntad mayoritaria expresada en el Parlament de ir a votar. Su objetivo es celebrar una consulta “impecable” y que supere los estándares organizativos. “Queremos que el referéndum que cuente con la máxima participación, rigor, transparencia y seguridad para que nadie cuestione el resultado”. Mejías ha lamentado que Ortega se plantee que en la consulta se pueda votar de forma presencial y telemática cuando esta última posibilidad está expresamente prohibida en la Ley Electoral.