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Las plataformas del agua denuncian en Bruselas la paralización de obras

Las organizaciones exigen la culminación del plan de calidad para evitar multas

Planta potabilizadora de Aljaraque (Huelva).
Planta potabilizadora de Aljaraque (Huelva).

Europa no perdona los incumplimientos en materia de depuración. El jueves se confirmó la multa de dos millones de euros a Luxemburgo por infringir la directiva de aguas residuales. Andalucía tiene dos años para ejecutar las 300 obras en estaciones de tratamiento necesarias para evitar sanciones similares y esta semana, las plataformas ciudadanas del agua, encabezadas por Ecologistas en Acción, operadores públicos (Aeopas) y otros colectivos agrupados en Marea Azul del Sur, han denunciado ante la Comisión Europea la “parálisis casi total de obras” en España, que no llegan al 60% de las previstas, según sus datos.

Los integrantes de Marea Azul del Sur reclaman al Gobierno central que complete el Plan Nacional de Calidad de las Aguas que, según Luis Babiano, el gerente de la asociación de operadores públicos (Aeopas), “el ministerio ha olvidado y no está implementando”. “El Estado debe de ser inversor, debe saber que la depuración es un extraordinario nicho donde crear empleos y recuperar base industrial”, sostiene.

Los colectivos acusan al Gobierno de “olvidar” el programa existente

También reclama que los cánones sean finalistas, como el establecido en Andalucía, y garanticen la financiación de las infraestructuras de depuración. “Hay que exigir que estos cánones se dediquen exclusivamente a la creación y gestión de estas infraestructuras, ya que en la mayoría de los casos son simplemente un instrumento recaudatorio de fondos destinados a la caja única”, advierte Babiano.

Los representantes del colectivo han advertido además ante la Comisión del peligro de que los fondos públicos procedentes de Europa terminen beneficiando a empresas privadas y la mercantilización de un bien que defienden como un derecho humano, en línea con la declaración de la ONU respaldada por el Parlamento andaluz. “Vender servicios de agua es un cambio en el modelo de gestión y una privatización del medio natural. Además, la repercusión en el recibo de cánones concesionales que no han sido destinados a infraestructuras hidráulicas sino a otras necesidades financieras del municipio es una puerta abierta a posibles irregularidades”, advierte Babiano.

Ecologistas reclaman adecuar las tecnologías en pueblos pequeños

Finalmente, Ecologistas en Acción ha reclamado en Bruselas que se fomenten las tecnologías adecuadas para poblaciones menores de 2.000 habitantes.

La situación en Andalucía también es de urgencia. La región pretende cerrar el año con una inversión superior a los 141 millones en saneamiento y depuración, obras en marcha presupuestadas en 183,6 millones y una recaudación superior a los 60 millones en el canon para este capítulo. En total, la inversión a finales de 2015 debe alcanzar los 1.765 millones que, en su mayoría, se destinarán a Málaga (390,1 millones de euros en 47 obras), Granada (373,04 millones en 69) y Almería (216, 95 en 38).

Antonio Pradas, máximo responsable del PSOE andaluz para Medio Ambiente, advierte que, además de los fondos del canon de depuración, se contaba para estas obras con ingresos presupuestarios que “se han venido abajo por los graves recortes del Gobierno Central, que no ha cumplido con la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía”, que obliga a un mínimo de inversiones. A esta insuficiencia financiera, se ha unido que “la ejecución de los proyectos programados ha ido más lenta de lo que se esperaba" frente a "la urgencia en el cumplimiento de las Directivas Europeas”.

El PSOE culpa a Rajoy de reducir la inversión y favorecer las privatizaciones

Pradas propone la ejecución de obras a través de convenios de colaboración financiera con el sector de la construcción, pero “nunca cediendo la gestión de los servicios, que deben ser de titularidad pública”, advierte.

Esta apreciación responde a los anuncios del Gobierno central sobre “reformas legislativas en materia de agua para que se incorpore la iniciativa privada”. “Desde el PSOE tenemos muy claro que el motivo que está detrás y delante de la reforma en materia de régimen local es la privatización de los servicios públicos”, concluye Pradas.

La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, María Jesús Serrano, ya mantuvo el pasado mes un encuentro con Aeopas, que reclamó información sobre el convenio en el que trabaja la Junta para que las entidades supramunicipales de abastecimiento y saneamiento puedan ejecutar obras de depuración con cargo al canon autonómico para este fin. Este encuentro fue cuestionado por representantes de las empresas privadas del sector.

Serrano afirma que la depuración es una prioridad de la Junta

La consejera afirmó en este encuentro que, durante esta legislatura, la depuración será una de las prioridades de su departamento, por lo que impulsará la colaboración con los operadores públicos del ciclo integral del agua.

Según datos de Aeopas, con la construcción y gestión de depuradoras de aguas residuales se promoverán inversiones que permitirán la creación de más de 3.100 puestos de trabajo. Los operadores públicos de Andalucía afirman que tienen la capacidad de gestión, técnica y financiera para llevar a cabo las infraestructuras.