Excargos de urbanismo de Sanxenxo se niegan a declarar ante el juez
Imputados por cohecho dos anrtguos miembros de la gerencia urbanística del municipio costero
Mientras la crisis del ladrillo ha obligado al Ayuntamiento de Sanxenxo a desmantelar la gerencia de Urbanismo y despedir a cinco empleados, la investigación judicial que propició hace dos años la denuncia de un particular ha desembocado en una extensa causa con 13 imputados por la presunta comisión de cuatro delitos: prevaricación urbanística, cohecho impropio, percepción de sobornos y tráfico de influencias.
La extensa ronda de declaraciones de los imputados comenzó ayer con Rafael Vázquez Abal, exgerente de urbanismo y arquitecto municipal, que se acogió a su derecho a no declarar. El magistrado le comunicó su imputación en el caso por prevaricación urbanística, cohecho y tráfico de influencias en relación a varios expedientes que fueron supervisados por él como máximo responsable del urbanismo local durante tres años.
El arquitecto, hombre de confianza de la actual alcaldesa, Catalina González, del PP, relevó en el cargo hasta 2009 a la actual secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, cuando fue destituida por la regidora en diciembre de 2006, poco después de acceder a la alcaldía. Rivas también está imputada en el caso.
Ayer acudió además a la citación del juez Belén Louro Pais, técnica del departamento de Urbanismo hasta el pasado año y exasesora jurídica de Rafael Vázquez. Está imputada por los mismos delitos que su antiguo jefe y, al igual que él, tampoco quiso declarar. El único que accedió a prestar declaración fue el exconcejal de Urbanismo, Ángel Casal Moldes, también del PP, inicialmente imputado por prevaricación urbanística en estas diligencias. Casal abandonó la política tras las pasadas elecciones municipales al desmarcarse de la lista de los populares y ahora se dedica a la empresa privada.
Las comparecencias judiciales continúan hoy con la declaración de dos técnicos municipales. Durante la semana declarará además como imputada por prevaricación la ahora secretaria general de Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, sobre todo, en relación a la licencia del bloque de viviendas construido en la calle Progreso que derivó en una orden de paralización y derribo, todavía pendiente de ejecución. El viernes está previsto que comparezca la alcaldesa.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
