Una rival de Iberpotash intenta ahora paralizar su mina de Súria
Unión Salinera Española demanda ante Territorio la revisión de la autorización ambiental
![Dani Cordero](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F58b3a5aa-a5d8-45b6-aeab-e1a9c5ca0d3d.jpg?auth=e7356ff0cced920602f6c70f0b97e556b9793ef7abb4c4f903a58d7827913851&width=100&height=100&smart=true)
El culebrón de Iberpotash en el Bages continúa. A la ensalada de denuncias y sentencias en contra que ponen en peligro las inversiones de la filial del grupo israelí ICL -de unos 200 millones de euros-, se le suma desde el pasado 11 de noviembre una nueva andanada. En este caso a cuenta de Unión Salinera Española, su máxima competidora en España, que ha decidido demandar al Departamento de Territorio la revisión de la autorización ambiental de 2006 que permite a Iberpotash explotar la mina de Súria, tal y como ayer avanzó Regio 7.
El objetivo es conseguir la anulación y, por tanto, paralizar la actividad de Iberpotash en Súria. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya falló recientemente en contra de la misma autorización que permitía la actividad de la mina de Sallent al considerar que no se había elaborado la declaración de impacto ambiental. Esa sentencia no se ha ejecutado porque su demandante, la Asociación de Vecinos del barrio de La Rampinya, no lo ha demandado. Pero si se aplicara, el impacto no sería tan fuerte como el de cerrar Súria.
La mina de Sallent está en su recta final. Como muy tarde, a finales de 2015 será clausurada. En cambio, por Súria pasa el futuro de la minería de potasas del Bages y de Iberpotash. Allí prevé la compañía trasladar toda su actividad, mineros de Sallent incluidos, manteniendo sus actuales niveles de producción de potasas pero añadiendo 750.000 toneladas anuales de producción de sal vacuum, que podría llegar a duplicarse en una segunda fase, según los registros presentados por ICL en sus cuentas del tercer trimestre del año. De ahí que si se cierra el pozo corren peligro las inversiones del grupo en Cataluña, defendidas a ultranza por la Generalitat.
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