El trato especial a Camps y Barberá en los juzgados molesta al TSJ

María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, accedió en agosto pasado a pie y por el acceso principal a la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pablo Ruz por el caso de la posible contabilidad B en su partido. Una escena bien distinta se vivió los pasados 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde el exvicepresidente de la Generalitat Gerardo Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, entraron a prestar testimonio ante el juez José Castro, instructor del caso Nóos, por accesos secundarios, evitando la puerta principal y a los medios de comunicación.

El decanato de los juzgados de Valencia había ordenado expresamente para evitar privilegios que las personas citados por Castro entraran por el acceso delantero de la Ciudad de la Justicia. Los únicos que burlaron la instrucción fueron Gerardo Camps, Rita Barberá y Patricia Corrons, exgerente de la Sociedad para la Promoción Estratégica de la Comunidad Valenciana, que se escondieron para acceder al juzgado.

La Sala de Gobierno del TSJ trató el caso en su reunión del miércoles a petición del decano de los Juzgados de Valencia, Pedro Viguer, porque “las instrucciones no se respetaron”. Este órgano pedirá explicaciones a la Delegación del Gobierno, a la Jefatura Superior de Policía, a la Comandancia de la Guardia Civil y a la Consejería de Justicia y Gobernación y a la gerencia del complejo para que informen del trato especial dado a los políticos. Gerardo Camps y Corrons no hubieran podido acceder a la Ciudad de la Justicia por el juzgado de Guardia sin la cobertura de los policías nacionales que custodian su entrada. En el caso de Barberá sucedió algo parecido.

El tribunal llevará el incidente a la comisión mixta que comparte con la Consejería de Justicia y elevará una consulta al CGPJ.

La alcaldesa de Valencia ha dado por zanjado la polémica sobre el caso Nóos después de que el TSJ descartara su imputación por los convenios adjudicados a dedo al Instituto de Iñaki Urdangarin. Este viernes vetó una interpelación presentada por EU sobre el testimonio ante Castro. Tuvo que hacer frente, sin embargo, a dos mociones y una interpelación de los grupos de la oposición sobre el conflicto en El Cabanyal.

Antes se dirigieron al pleno portavoces de Salvem El Cabanyal y de la Asociación de Vecinos del barrio, cuya presidenta, Dolores de la Vara, interrumpió la lectura de su escrito para recriminar a Barberá su desinterés. Las dos entidades reclamaron consenso.

Los grupos de la oposición instaron al Gobierno local a negociar con todos los implicados la adaptación del plan urbanístico a la orden ministerial de 2009 que lo paralizaba por expolio. “La única cosa que pedía la orden ministerial [que el Gobierno de Mariano Rajoy no ha cambiado] es que respete la trama urbana de un conjunto histórico protegido”, le dijo el socialista Vicent Sarrià.

El vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau replicó que la orden continua vigente “hasta que se cambie” y eludió la petición de diálogo. “Llevan dos años diciendo que van a cambiarla, pero, si se puede, ¿por qué no lo han hecho ya?”, espetó Sarrià. El concejal Amadeu Sanchis emplazó al PP a desbloquear el conflicto urbanístico más largo de Europa. El PP rechazó las mociones.