Los menores que vivían en la casa de Castelldans tenían relaciones entre ellos

Algunos de los menores tutelados que el presunto pederasta David Donet tuvo en acogida en su casa de Castelldans (Garrigues) no solo sufrieron abusos por parte del detenido, sino también de sus propios compañeros. Así lo declaró ayer ante el juez del caso una de las dos asistentes contratadas por Donet para realizar tareas domésticas en la vivienda. A medida que avanza la instrucción, el caso se está convirtiendo en una caja de sorpresas horripilantes. Ayer, además de las dos empleadas de hogar, también declararon ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida ocho técnicos de la Fundación Concepció Juvanteny, entidad a la que el Departamento de Bienestar y Familia encargó el seguimiento y vigilancia de los 14 menores que el acusado tuvo acogidos en su casa desde 1997 hasta su detención, a finales del pasado mes de junio.

Una de las mujeres que trabajó durante más de cuatro años para Donet explicó que en cierta ocasión encontró en los teléfonos móviles de los menores grabaciones de relaciones sexuales y de abusos entre ellos, principalmente de los mayores hacia los más pequeños. La trabajadora también encontró en los armarios películas de contenido pornográfico.

Maria Josefa Soler, abogada de la acusación particular, señaló que los vídeos autograbados “escandalizan” y que la empleada doméstica se limitó entonces a avisar a Donet de lo que había encontrado en poder de los niños. Este, educador social de profesión, no le dio importancia al hecho y dijo que era normal porque eran niños desarraigados que venían de familias desestructuradas.

Soler añadió que de la declaración de los técnicos de la Fundación Juvanteny, entre ellos su secretario coordinador, se desprende que “no se enteraron de nada” de lo que estaba ocurriendo en la casa de Castelldans. Según Bienestar Social, el personal de la fundación realizó hasta 34 informes de control sobre los menores, sin detectar nunca ninguna anomalía.

Tras declarar ante el juez, los técnicos de la fundación salieron del juzgado por una puerta trasera situada en el lado opuesto al que se encontraban los periodistas. Soler manifestó que los técnicos iban a la casa de acogida tres o cuatro veces al año, que avisaban con antelación del día de la visita y que casi siempre hablaban con los menores en presencia de Donet. A veces también a solas, pero poco rato. “El seguimiento que hacían no era exhaustivo ni técnico. Más bien era laxo”.

“La falta de control era total y absoluta y hubo unos agujeros terribles en los protocolos de control, que fallaron todos e hicieron que ni siquiera se sospechara que en la casa pasaban cosas que no eran normales”, afirmó la letrada de la acusación particular que representa a algunas de las víctimas de Donet. “No se entiende”, añadió, “cómo se pudo llegar a esta situación de descontrol cuando los menores estaban rodeados de sicólogos, educadores y trabajadores sociales que, se supone, están preparados para detectar esa clase de anomalías”.

El caso se destapó a finales de junio pasado con la detención de David Donet, de 47 años, como presunto autor de un delito de abusos sexuales y posesión de material pornográfico infantil. En ese momento, el detenido, actualmente en prisión, convivía con tres adolescentes de 12, 15 y 17 años, que Bienestar y Familia traslado a otro centro de menores.

Los supuestos abusos se produjeron durante 16 años en una habitación de la tercera planta de la casa, donde Donet había instalado cámaras ocultas para grabar a los menores. Cuando eran adultos, el detenido les ofrecía mantener relaciones sexuales con sus parejas en esa habitación, donde los continuaba grabando.

Hasta la fecha son tres los jóvenes, ya mayores de edad, y la pareja de uno de ellos los que han denunciado al presunto pederasta por abusos y haber sido grabados sin su autorización.

Bienestar Social y la Fundación Concepció Juvanteny se han personado en la causa como acusación particular, aunque el juez les ha advertido que pueden acabar siendo declaradas responsables subsidiarias si se demuestra que fallaron los mecanismos de control de la acogida.