Un intruso alega que Guerrero le aseguró que su inclusión en el ERE era legal
José Manuel Casado admite ante Alaya: "Sabía que no debía estar incluido en el expediente"
El sindicalista José Manuel Casado ha comparecido ante la juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, por haber sido incluido como intruso (persona ajena a las empresas beneficiadas) en el ERE de la empresa Asea Brown Bovery en Córdoba. Casado ha alegado que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero le aseguró que “podría incluirlo” en dicho ERE porque todo “era legal” y “él era el director general de Trabajo”. El imputado ha admitido: “Sabía que no debía estar incluido en el ERE (...) pero Guerrero me dijo que no importaba”.
La instructora acusa a Casado de cohecho, tráfico de influencias, malversación y prevaricación. Alaya considera que el imputado, que fue presidente del comité de empresa de ABB durante la negociación y tramitación de los ERE que afectaron a la empresa en 2002 y 2003, se incluyó en el ERE, “pese a no constar en las listas confeccionadas con los trabajadores afectados”. "Sí figuró entre los beneficiarios de la póliza suscrita”, por lo que recibió 283.024 euros. Una cantidad “muy superior a la media del resto de los beneficiarios, entre los que se encontraban empleados que ostentaban la misma categoría o puesto o inclusive antigüedad”, ha informado Europa Press.
La juez imputa al sindicalista haber simulado operaciones comerciales como apoderado de la sociedad Licassan Gestiones y Servicios SL con la empresa Lógica Estratégica Empresarial que creó el chófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo. Casado abonó a Trujillo 89.915 euros en 2006 para “favorecer” a Guerrero y agradecerle su previa inclusión en el ERE.
A continuación, compareció Cristóbal Martínez, otro intruso que ya ha devuelto al juzgado 32.836 euros cobrados de manera indebida. Ambos quedaron en libertad con cargos.
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