La deuda del Consell amenaza con dejar sin autobuses L’Alacantí

Pagar (y saber de dónde se saca dinero para ello) o ver cómo desaparece una línea de transporte metropolitano que conecta a casi medio millón de personas. He aquí el quid de la cuestión para la Consejería de Infraestructuras, que en un mes y veinte días tiene que encontrar una solución para poder sufragar el servicio de las líneas que une los pueblos de la comarca de L’Alacantí y que si desaparece, dice la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, generará “un conflicto grave”.

Y de momento, lo que ha generado ha sido un anuncio de siete días de huelga y diversas concentraciones sindicales de los trabajadores de las empresas que gestionan la línea metropolitana, Masatusa y La Alcoyana. Las líneas unen la capital con las localidades de Sant Vicent del Raspeig, El Campello, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel. Desde estos pueblos se conecta con el resto de municipios de la comarca.

“Estamos peleando para que la Administración competente haga el pago que le corresponde para garantizar el servicio”, señaló ayer Castedo, quien lleva meses pidiendo a la Generalitat Valenciana que se haga cargo del 35% del presupuesto del transporte metropolitano de Alicante según el convenio firmado entre ambas Administraciones.

En la consejería saben que la situación apremia y destacan que “hay voluntad de que siga el servicio y que se está estudiando cómo pagar o subvencionarlo”, según fuentes del ente. La consejera Isabel Bonig llegó a calificar el transporte como algo tan básico como la educación o la sanidad. El problema, como para casi todo, es la falta de liquidez. Según las mismas fuentes, la Generalitat venía subvencionando el servicio y hasta 2012 venía aportando entorno al millón de

euros anual. El año pasado hubo de reducirse hasta los 250.000 euros.

Bus hasta el hospital y la UA

Hasta ahora la línea que une la capital alicantina —que concentra al 70% de la población comarcal— con todo L’Alacantí viene siendo costeada en un 65% por el Ayuntamiento de Alicante y el 35% restante por la Generalitat en base a un convenio firmado entre ambas administraciones.

Actualmente, Alicante, que en septiembre se adhirió al plan gubernamental de pago a proveedores y con una clara necesidad de ingresos, dice que solo pagará kilómetros de transporte metropolitano hasta el Hospital de San Juan y la Universidad, ambos centros en los límites con Sant Joan y San Vicente, respectivamente.

La posición del Ayuntamiento alicantino es la de buscar una solución para que “cada uno haga la aportación” que le corresponde, dijo ayer la alcaldesa. El concejal de Transportes, Juan Seva, lo ha dicho por activa y por pasiva: no tiene forma de pagar los kilómetros del servicio metropolitano que no sean en su término municipal.

Entre los pueblos limítrofes, todos gobernados por el PP, su criterio pasa por mantenerse tal cual están en el pago del servicio. Es decir, consideran que ya costean la subvención del transporte urbano en sus municipios y que cuadrar los números corresponde a la Generalitat. Ni siquiera, sostienen, forman parte del actual convenio entre Generalitat y Alicante. La solución para el área metropolitana, según las reuniones que los alcaldes mantuvieron a finales de septiembre pasan porque no se solapen las líneas de Tram y de bus, que se cambien frecuencias o se reduzcan kilómetros de recorrido, entre las varias posibilidades que se barajan.

El próximo 29 de noviembre comenzarán las primeras movilizaciones de los trabajadores de las dos empresas que desempeñan el servicio que piden que el servicio continúe como en los últimos 14 años.