Santiago se abona al escándalo

El caso que investiga la juez Ana López Suevos tiene antecedentes en otros dos escándalos anteriores protagonizados por cargos del Partido Popular en Santiago. El primero fue el atestado policial que desveló en 2011 que el entonces concejal y mano derecha de Gerardo Conde Roa, Ángel Espadas, había dado positivo en un control de alcoholemia tras ser sorprendido por la guardia civil dormido y ebrio al volante de su coche ante un semáforo. La Guardia Civil trasladó la denuncia a la policía local, que tiene las competencias de tráfico en el término municipal, que arrestó al edil.

Ahí empezó, según la denuncia de Carril, su enemistad con los dirigentes del PP. Según el relato de este policía, el entonces candidato, Gerardo Conde Roa, le pidió sin éxito destruir ese expediente y cuando llegó al poder inició una persecución contra él, que incluyó relegarlo en el escalafón y “graves insultos”. Ese es el origen, según el policía municipal, de sus problemas tras el cambio de gobierno y la llegada de Conde Roa a la alcaldía.

En mayo de 2012 cuando el entonces edil de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, estaba urdiendo el plan para apartar al policía local, su teléfono estaba pinchado por la juez de Lugo que indagaba sobre un supuesto amaño de contratos en Santiago en la Operación Manga. El hilo de una investigación llevó a la otra. El sumario Manga sigue en marcha y en él Vázquez Aldrey figura imputado por los delitos de cohecho, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. Evitó la prisión tras pagar una fianza de 15.000 euros. Acusado de los mismos delitos, Espadas pasó varios meses en la cárcel. Ambos están a la espera de juicio. De los 13 ediles del PP en Santiago, 10 están imputados y dos, incluido el anterior alcalde, tuvieron que dimitir por delitos de corrupción. El actual regidor vuelve a estarlo desde ayer en dos causas diferentes.