“No fui manejable, mantuve mi criterio”

Rebasa la mediana edad y encadena más de veinte años en la Administración. Juan (nombre figurado) aterrizó hace una década en el Ayuntamiento de Alicante. Entró con el exalcalde Luis Díaz Alperi. Y su sucesora, Sonia Castedo, le rebajó de categoría. Las decisiones de este funcionario resultaban clave en el engranaje municipal. En ocasiones, chocaban con la hoja de ruta que se trazaba en el despacho de la regidora, según varias fuentes. Su tarea fiscalizadora, de vigía en el anonimato, le convirtió en un funcionario incómodo. Aunque entre sus compañeros acumula fama de riguroso, profesional e imparcial. Fue degradado, relata, sin justificación. Desde entonces, ha engordado cuatro kilos, sufre insomnio y toma tranquilizantes. Accede a hablar bajo anonimato. No quiere problemas. Padece ansiedad.

“A mí me degradaron por el decreto 33. Sin explicación. No se dieron cuenta del daño que me hicieron. Tengo familia, hijos, una hipoteca. El Ayuntamiento aplicó conmigo la política del perro del hortelano”, recuerda descompuesto. “Lo he pasado muy mal”, prosigue este técnico que se llegó a cuestionar su solvencia profesional, avalada por durísimas oposiciones. “Cuando me rebajaron, me pregunté, ¿por qué? No encuentras el motivo. Sé que hice bien mi trabajo, que tengo el respeto de mis compañeros, y que siempre me he guiado por criterios técnicos”, alega.

Sé que hice bien mi trabajo, que tengo el respeto de mis compañeros"

El funcionario declina detallar la decisión que desencadenó su rebaja de categoría. El cambio conllevó un tijeretazo de más de 400 euros mensuales en su nómina. Una fuente enmarca su movimiento en el organigrama en la elaboración de informes técnicos que cuestionaban decisiones del equipo de gobierno del PP.

“Siempre fui una persona de confianza, pero mantuve mi criterio. No fui manejable, como si son otros que solo dicen al político lo que quiere oír”, responde cuando se le pregunta por las sustituciones realizadas en departamentos como la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, sometida a la investigación del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano en el caso Brugal, que es como se denomina el supuesto amaño del PGOU para beneficiar al constructor Enrique Ortiz.

Pese a su tono diplomático y el respeto con el que se dirige a los concejales, el empleado se muestra crítico con los nuevos nombramientos en el Consistorio. “Se ha sustituido a trabajadores muy competentes por personal sin experiencia”. En su opinión, la plaza de funcionario es un blindaje para mantener la independencia ante el poder: “Los ciudadanos deben saber que los empleados públicos somos una garantía. Cuando cuestionamos a un dirigente político, un cargo que está de paso, no nos jugamos el puesto. Solo nos pueden degradar”.