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Las empresas retiran los despidos pero los sindicatos ven lejos el acuerdo en Madrid

La última propuesta de negociación, según las centrales, supone que los trabajadores asuman pérdidas de hasta el 40%

Las empresas concesionarias (OHL, FCC y Sacyr) proponen un ERTE de 45 días

La empresa municipal Tragsa recoge más de 60 toneladas de basura sin incidentes

La reunión para alcanzar un acuerdo sobre los despidos, que ha empezado pasadas las 11 de la mañana, ha dejado una nueva propuesta de las concesionarias que los sindicatos de momento no ven con buenos ojos, según fuentes sindicales de la negociación.

Las empresas concesionarias (OHL, FCC y Sacyr) retirarían todos los despidos previstos, según las citadas fuentes, pero a cambio de aplicar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a toda la plantilla de 45 días anuales en un plazo que no han precisado. La propuesta anterior, con 296 despidos en lugar de los 1.134 iniciales, incluía un ERTE para un plazo máximo de cuatro años al resto de la plantilla.

Las centrales ven “insuficiente” esta propuesta y consideran que, con la negociación de hoy, las empresas están “deshaciendo” el acuerdo alcanzado ayer para el nuevo convenio colectivo del sector, que congela los sueldos durante su vigencia. Tras horas de negociación, y ya de madrugada, sindicatos y patronal cerraron las líneas básicas del nuevo convenio, un preacuerdo que en principio entendieron que podía favorecer y hasta desbloquear la negociación de hoy.

Fuentes sindicales consideran que con las distintas propuestas planteadas hoy por las tres concesionarias para los empleados (excedencias, bajas incentivadas o cambios de jornadas) perderían lo mismo que antes de que empezaran las negociaciones y la huelga, que hoy alcanza su décimo segunda jornada. Según las centrales, la propuesta inicial de las empresas para el convenio colectivo unas bajadas de sueldo y condiciones que suponían una rebaja del 43%. El portavoz de las tres empresas ha declinado en principio hacer valoraciones durante el tiempo que dure la negociación que, según los sindicatos, “va para largo”.

Los trabajadores de la empresa pública Tragsa que han asumido esta madrugada las tareas de limpieza viaria de la ciudad de Madrid han recogido ya unas 60 toneladas de residuos en un primer turno de trabajo, que está transcurriendo con normalidad y sin ningún tipo de incidencia.

Acuerdo sobre el convenio

A las dos menos cuarto de la noche, horas después de que el Ayuntamiento hubiera ejecutado ya su amenaza de acudir ante la justicia y poner la limpieza de las calles de Madrid en manos de la empresa pública Tragsa, las concesionarias y los sindicatos han alcanzado un acuerdo sobre su convenio colectivo. 

Sin embargo, la huelga todavía no ha sido desconvocada y, como estaba previsto, a las 4.00 de este sábado salió el dispositivo preparado por la empresa Tragsa para comenzar las labores de limpieza que garanticen los servicios mínimos. El operativo estaba integrado por 200 personas: 90 trabajadores que se han prestado voluntariamente para la labor y otros 110 empleados contratados a toda prisa mediante empresas de trabajo temporal. Los operarios han estado trabajando con escolta de la Policía Municipal y no se han registrado incidentes. Este dispositivo, formado por pequeños camiones para entrar en el centro de la capital, ha empezado a limpiar las calles a las 4.00, y se mantendrá hasta el final definitivo del conflicto, según adelantó el Ayuntamiento de la ciudad. 

Ana Botella supervisa el despliegue.
Ana Botella supervisa el despliegue. EFE

Dispositivo de madrugada

La alcaldesa de Madrid, Ana Botella (PP), ha estado supervisando y dirigiendo desde la madrugada el despliegue operativo de limpieza en Madrid desde el Centro Integral de Seguridad y Emergencias (CISEM). A las 8.00, los camiones habían recogido ya bastante de la basura acumulada en los últimos días en el centro de la capital y barrios como Lavapiés, Tirso de Molina, Arenal y Cibeles empezaban a notar la mano de los trabajadores de limpieza.

A las cinco de la tarde había expirado el ultimátum de la alcaldesa de Madrid que el pasado miércoles dio 48 horas a las empresas para cumplir los servicios mínimos. Según el Ayuntamiento, durante estos 11 días de huelga no se ha llegado ni al 70% de lo pactado, que establecía que siguieran trabajando cuatro de cada diez barrenderos. El concejal de Medio Ambiente, Diego Sanjuanbenito, acudió a las siete de la tarde a los juzgados de la plaza de Castilla y denunció ante el Ministerio Fiscal el incumplimiento de los servicios mínimos.

A continuación, anunció la contratación de la empresa estatal Tragsa, dependiente del Ministerio de Agricultura, para hacer cumplirlos desde las seis de la mañana del sábado y hasta el final de la huelga. Entre tanto, las concesionarias (OHL, Ferrovial, Sacyr y FCC) y los sindicatos (CC OO, UGT y CGT) siguieron negociando durante toda la tarde, en pos de un acuerdo que cerrara el conflicto e hiciera innecesaria la intervención de Tragsa.

Se sentaron a la mesa a las seis de la tarde. Rondando las dos de la madrugada alcanzaron un acuerdo sobre el convenio colectivo, que según los sindicatos allanará automáticamente la reunión que mantendrán para cerrar la negociación sobre el expediente de regulación de empleo que afecta a 1.134 empleados y que fue el detonante de la huelga.

Los camiones de Tragsa han salido del Templo de Debod y de la plaza de Legazpi. Desde allí, se han dibujado unas cuadrículas sobre el mapa de Madrid, de forma que las distintas cuadrillas han ido avanzando por toda la ciudad. En el centro, camiones pequeños recogen los residuos y los depositan luego en otros más grandes. Estos son los que se han desplazado al vertedero de Valdemingómez.

Han sido escoltados por coches patrulla para evitar que les pinchen las ruedas o les impidan llegar a su destino, según destacaron fuentes policiales. El resto de patrullas de los distritos se ha encargado de vigilar posibles ataques a contenedores y sedes de las concesionarias. En caso de que fueran necesarios, también podrían sumarse al dispositivo de escolta.

El Cuerpo Nacional de Policía también participa en el operativo. En concreto, las furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) escoltan los camiones de Tragsa desde su sede en el kilómetro 6,800 de la autovía de Toledo (A-42), en el término municipal de Leganés, hasta los dos puntos de reunión. Fuentes policiales explicaron que los antidisturbios también podrían sumarse al despliegue de la Policía Municipal si se producen importantes altercados.

¿Quién pagará estas horas extras? En principio, fuentes municipales explicaron que el sobresueldo se repercutirá a las empresas concesionarias por haber incumplido los servicios mínimos.

CC OO ha acusado al Ayuntamiento ayer de “reventar” la protesta, y ha presentado una denuncia de urgencia ante la Inspección de Trabajo para que verifique si ha contratado a operarios para cubrir servicios mínimos a través de empresas de trabajo temporal. El líder de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, anunció también una denuncia por violación del derecho de huelga.

Hasta ayer, se había detenido a 19 personas por actos de vandalismo. Otras 249 personas han sido identificadas por su posible implicación. La factura por los destrozos roza el millón de euros. Las concesionarias calculan en 454.000 euros los daños sufridos, mientras que el Ayuntamiento añade a esa cifra otros 496.000 euros por 359 contenedores y 877 papeleras reventadas.

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