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La Audiencia pide ahora que se reclame a la firma que avaló el buque

España se gastó 30 millones para intentar en vano un juicio en Nueva York contra ABS

Militares trabajando en las zonas afectadas en 2003
Militares trabajando en las zonas afectadas en 2003

La Audiencia Provincial de A Coruña, en su sentencia absolutoria sobre la catástrofe del Prestige, deja abierta una única puerta para reclamaciones civiles por daños: emprender acciones contra el armador griego, Universe Maritime, y sobre todo contra la sociedad estadounidense American Bureau of Shipping (ABS), que certificó la navegabilidad del viejo petrolero. Pero es una vía totalmente “inviable y falaz”, coinciden en afirmar las partes personadas en el juicio —más de 2.000 representadas por 55 letrados—, dado que supondría un largo y caro proceso en Estados Unidos que el Estado español ya intentó sin éxito alguno. España gastó más de 30 millones de euros en honorarios de abogados y peritos para intentar en vano un juicio en Nueva York contra ABS, la potente sociedad clasificadora. Ese fracaso cerró, afirman las acusaciones particulares, la posibilidad de “exigir la oportuna responsabilidad civil” por la catástrofe, como dictamina ahora la Audiencia coruñesa. El tribunal considera ahora probada la “falta de honradez” de ABS al otorgar todos los certificados legales para navegar al viejo petrolero, y ve “muy deficientes” las inspecciones y reparaciones que realizó.

Pero este fallo está en abierta contradicción con otro auto de la misma sección de la Audiencia —aunque con magistrados distintos— que enjuició el desastre del Prestige: fue ese mismo tribunal el que en 2008 impidió llevar a juicio a ABS. Junto con la aseguradora británica, que sí fue procesada como responsable civil directa y de hecho depositó una fianza de 22,77 millones cuyo destino aún queda por decidir, la clasificadora con sede en Houston (Texas) es la única entidad solvente del enrevesado entramado empresarial del barco.

ABS llegó a estar imputada por el Prestige al aceptar en 2007 el juzgado de Corcubión una ampliación de la querella de la plataforma Nunca Máis. Su abogado, Pedro Trepat, pretendía, antes de agotar el plazo de cinco años para que prescribiese el delito, que fuese incluido algún directivo de la clasificadora a fin de que, en caso de condena penal, la sociedad tuviera que asumir las indemnizaciones por reclamaciones civiles. Pero la Audiencia coruñesa revocó en junio de 2008 esa imputación, a instancias de la fiscalía, “por razones de forma, fondo y tendenciales de la causa”. En aquel momento, el Estado español ya estaba iniciando un pleito en Nueva York contra ABS. Una acción que también censuró en aquel auto de 2008 la Audiencia Provincial al considerarlo un “juego a doble banda”. Y reclamó a la Abogacía del Estado que entregase al sumario español la “batería de pruebas y datos importantes que acumuló ante la justicia norteamericana”. El tribunal del Prestige, sin embargo, rechazó incluir para el juicio toda esa documentación, salvo algún informe que elogiaba la gestión del Gobierno.

 

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