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Los afectados franceses del ‘Prestige’ se movilizan para demandar a España

Instituciones locales intentan reactivar un recurso ante la Audiencia Nacional

Quieren pedir al Estado el resarcimiento de los daños

Limpieza de manchas de chapapote en Francia, en 2005
Limpieza de manchas de chapapote en Francia, en 2005 AP

“Escandaloso”, “inquietante” o “inaceptable”. La indignación también es total entre los afectados franceses por la catástrofe del Prestige ante la sentencia absolutoria dictada 11 años después por la Audiencia Provincial de A Coruña. Las instituciones regionales y municipales del litoral atlántico francés no escatiman los adjetivos a la hora de declarar el “enfado”, en palabras del alcalde de San Juan de Luz, Peyuco Duhart, ante un fallo de la justicia española que deja sin culpables y sin nadie que pague la marea negra que tiñó de fuel 1.700 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta el Canal de la Mancha.

“Consagra el permiso para contaminar al dar impunidad total a armadores, fletadores, compañías petroleras, barcos con bandera de conveniencia y aseguradoras”, reseñan los Ayuntamientos franceses del frente atlántico. Pero han decidido que no se quedarán “quietos” y van a movilizarse conjuntamente para emprender nuevas acciones judiciales en busca de compensaciones para los perjudicados. La iniciativa, bajo el paraguas de los consejos regionales de Bretaña y Las Landas, será capitaneada por departamentos (administraciones provinciales) del oeste francés y una treintena de Ayuntamientos. Todos ellos estuvieron representados, con reclamaciones civiles, en el juicio español, al margen del Estado francés, que delegó en el de España ejercer la acusación penal.

La idea, tras analizar en detalle la sentencia y las posibilidades de recursos, es reclamar ahora al Estado español el resarcimiento de los daños. Tienen una carta guardada para ello: bastaría con reactivar un recurso administrativo planteado hace una década ante la Audiencia Nacional por parte del sindicato de protección del litoral de Las Landas, un organismo público nacido a raíz del desastre del Prestige que agrupa a 17 Ayuntamientos y al departamento. “Lo presentamos al día siguiente de llegar fuel a nuestras costas por precaución, para poder actuar en caso de que se dictaminase que no había delito penal, como así lo dice ahora la sentencia”, explica el abogado del organismo landés, Renaud Lahitète.

El recurso está presentado contra el Estado español “por mal funcionamiento del servicio público” al considerar que las autoridades cometieron “una falta” al decidir, desde el mismo momento del accidente, alejar mar adentro el petrolero sin tan siquiera examinar, como lo exigen las normas españolas, el estado del barco. El Plan de Contingencias del Gobierno exigía que expertos fuesen enviados a bordo para determinar qué hacer con el navío tras su accidente frente a Fisterra. Lahitète subraya que durante el juicio en A Coruña quedó probado, y así lo recoge la sentencia, que el exdirector de Marina Mercante José Luis López-Sors, exculpado a todos los efectos por la sentencia, tomó la decisión de alejar el Prestige desde el minuto cero.

“Se hizo el sordo a cualquier otra alternativa; es evidente que el enviar mar adentro al barco causó su naufragio, y también que al día siguiente del accidente había la posibilidad de hacer un transbordo de la carga”, insiste el letrado. Y reseña que existe jurisprudencia en España sobre la “falta” cometida por el Estado, que sí fue condenado por las mareas negras que provocaron en Galicia años antes el Mar Egeo y el Urquiola.

Vigipol, el organismo que agrupa a las entidades locales de Bretaña, coincide en denunciar el “escandaloso” fallo absolutorio y en su determinación de emprender, junto al consejo regional bretón y las instituciones de Las Landas, “todas las medidas necesarias para que el asunto del Prestige no acabe en un sobreseimiento”. La indignación en Francia, también contra su Estado por haberles obligado a trasladar todas las reclamaciones ante la justicia española, es aún mayor tras haber conseguido una condena contundente por la marea negra del Erika, de 1999. El Tribunal de Casación francés, en 2012, ratificó la culpabilidad compartida por la petrolera Total, la clasificadora del barco Rina y su armador, ambos italianos, y les condenó a pagar 200 millones de indemnizaciones. “La sentencia del Erika dejaba entrever un reconocimiento europeo real de la noción de perjuicio ecológico, pero ahora asistimos a un peligroso retroceso judicial”, afirma el alcalde de San Juan de Luz.

 

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