El Raval y las cuatro barras

Vaya esto por delante: si de las investigaciones en curso sobre el llamado caso Raval resultasen probadas malas prácticas policiales o conductas penalmente punibles, espero y deseo que caiga sobre los agentes eventualmente responsables todo el rigor del reglamento disciplinario y, en su caso, todo el peso de la ley. Dicho lo cual, añadiré con la misma rotundidad que me parecen inadmisibles la presunción de culpabilidad, el linchamiento mediático y la manipulación política que aquel desgraciado episodio está alimentando.

Los antecedentes y las circunstancias de la detención de Juan Andrés Benítez muestran bien a las claras que no se trató de una más entre las casi 8.000 que practican cada año Mossos y Guàrdia Urbana en Ciutat Vella. Tal como explicó detalladamente EL PAÍS en su edición del 9 de octubre, tres días antes Benítez organizó una zapatiesta en el inmueble donde vivía, a cuenta del supuesto robo de un perro; atacó a una vecina al grito de “¡os voy a matar, os voy a matar!”, golpeó el coche de esta con las manos y con la cabeza y se enzarzó en una pelea con el marido de la agredida, pelea de la que resultó con “sangre en la cara y los ojos hinchados”.

Cualquier intervención polémica de los Mossos d'Esquadra pone en entredicho al cuerpo entero y permite cuestionar su misma existencia

Curiosamente, y después de haber declarado todo esto no solo a la prensa, sino también en sede judicial, el vecino con el que Benítez se había liado a puñetazos se desdijo en el preciso instante en que la juez le desimputó del caso.

Si no valiesen las observaciones de diversos testigos (“no estaba bien”, “iba drogado”...), basta leer la transcripción del diálogo entre Benítez y la operadora de la Guardia Urbana a la que él llamó esa madrugada para percibir el grado de incoherencia y de alteración psíquica de la futura víctima, que por otra parte no era precisamente un alfeñique. La inicial desaparición del perro se convierte ahí en “tengo un ladrón en casa; está aquí toda su familia; me han robado de todo”, con una confusa alusión adicional a algo que “te hace perder la visión momentáneamente, pero después la recupera”.

A mayor abundamiento, se ha sabido después que, la víspera de los hechos, empleados del metro hallaron a Benítez en un estado tal, que ni siquiera controlaba los esfínteres. Pero, sorprendentemente, el informe toxicológico de la autopsia parece corresponder más a un querubín que a alguien con el perfil del fallecido. Si es así, si la excitación y la agresividad de aquel no tenían orígenes químicos, ¿no resulta plausible un transtorno psicológico como origen de la tragedia?

En cualquier caso, lo que ocurrió aquella aciaga noche en la calle de Aurora está rodeado de contradicciones y puntos oscuros. En cambio, las reacciones político-sociales han sido de una linealidad y de un simplismo extremos: fue la brutalidad de los agentes lo que causó la muerte de Benítez; el director general Manel Prat debe dimitir o ser cesado; y el conjunto de los Mossos está bajo sospecha, hasta el punto de que cualquiera puede paralizarles sólo esgrimiendo un teléfono móvil y amenazándoles con grabar sus actuaciones.

En este discurso han confluído los antisistema de capucha y los de salón, los nostálgicos de la feliz época de Joan Saura y Joan Boada al frente de Interior, seudoexpertos con el carnet en la boca y viejos progres de los que no desdeñan ocasión para redorar sus blasones.

¿Recuerdan ustedes el cuartel de Intxaurrondo? ¿Les suena el nombre del entonces coronel Rodríguez Galindo? ¿Saben que, solo entre 1977 y 1982, al menos 146 personas murieron en España, víctimas de violencias policiales? Bien, pues ni siquiera en tales circunstancias a nadie solvente se le ocurrió cuestionar la legitimidad de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, y ningún director general del ramo dimitió o fue destituido por responsabilidad política en esos sucesos. El discurso hiperdominante fue que se trataba de hechos aislados, de conductas individuales que no afectaban a la reputación del colectivo.

En Cataluña ocurre lo contrario. Cualquier intervención polémica de los Mossos d'Esquadra —hoy día, pocas actuaciones policiales no lo son— pone en entredicho al cuerpo entero y permite cuestionar su misma existencia. ¿Por qué? Lo entenderán si leen la carta que apareció aquí mismo el pasado viernes, donde la lectora Carmen Blanco tenía el mérito de verbalizar aquello que muchos otros piensan pero no dicen: “Creo que aquel capricho que obsesionaba a algunos nacionalistas de tener una policía con las cuatro barras en el uniforme nos está costando demasiado dinero y no pocos disgustos”.

¡Acabáramos! Una policía catalana es un experimento caprichoso y caro que además, al no depender del poder central —donde han residido siempre el monopolio y la expertise de la violencia legítima— estaba abocado al fracaso. Si encima los Mossos sirven a las órdenes de un Ejecutivo nacionalista que quiere crear estructuras de Estado, ya son un remedo de las SS. ¿Para cuándo una manifestación bajo el lema: “Disolución de los cuerpos represivos..., pero sólo los catalanes”? Habría hasta ministros y delegadas del Gobierno dispuestos a sostener la pancarta.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.