El conflicto de Delphi se enquista por el fin de los privilegios de los exempleados

El diálogo no está roto. Pero las posturas siguen muy distantes. La Junta de Andalucía y los sindicatos con representación en Delphi se dieron este pasado miércoles una oportunidad para encontrar una solución al conflicto laboral que arrastra desde hace seis años, cuando la fábrica de esta multinacional de la automoción en Puerto Real (Cádiz) echó el cerrojo y dejó en la calle a más de 1.500 trabajadores. Pero no hay consenso. Los representantes de los trabajadores piden la recolocación de los más de 500 que siguen desde entonces en el paro y el Gobierno andaluz ofrece ya solo medidas individuales, con cierta preferencia, pero no diferentes a las que pueden optar otros colectivos. La Junta cree que ha hecho suficiente por un colectivo que ha recibido 260 millones de euros.

La clave de las reivindicaciones del colectivo está en un protocolo firmado el 4 de julio de 2007, por el cual la Junta se comprometía a activar un dispositivo singular de formación y recolocación de los 1.904 operarios que finalmente fueron incluidos como afectados por el cierre de la planta gaditana. En ese documento se estableció por escrito un ambiguo compromiso: “La Junta de Andalucía y los sindicatos trabajarán para articular medidas complementarias y de reposición de prestaciones para aquellas personas que, siendo susceptibles de recolocación, no hayan sido recolocadas antes del 31 de julio de 2009”. Después esa fecha se fue extendiendo hasta que el Gobierno andaluz, en plenos recortes, dio por finalizado unilateralmente el año pasado ese tratamiento especial que había permitido a los operarios cobrar sus sueldos y recibir formación.

La Junta argumenta ahora que el documento del 4 de julio no exigía legalmente el mantenimiento indefinido de un programa de ayudas, aunque los sindicatos así lo creen. Amagaron con acudir a los tribunales para reclamar el cumplimiento de este documento pero, aunque puede haber denuncias individuales, los sindicatos han descartado demandas colectivas. Los trabajadores recibieron de la empresa 120 millones en indemnizaciones y la Junta ha gastado 140 millones de euros en el programa de ayudas y formación. Calcula, además, que las prejubilaciones que quedan por pagar costarán en los próximos años otros 100 millones.

En esta situación, los sindicatos y la Junta se sentaron el miércoles. El Gobierno andaluz les presentó un decálogo de medidas: incentivos a la creación de empleo, ayudas de la agencia IDEA, programas de reciclaje, apoyo a autónomos… La Junta ofrece lo mismo que a otros parados pero con el compromiso de que los de Delphi tendrán preferencia para acceder a algunas de estas iniciativas. Los sindicatos lo vieron insuficiente porque reclaman también ayudas especiales para todos aquellos que se han quedado ya sin las prestaciones por desempleo y prioridad en la búsqueda de inversiones en los terrenos de Delphi para la llegada de empresas, con la compra por parte de la Junta de esos suelos. Reclamaron además a la Junta que todo quedara reflejado en un acta pero el Gobierno andaluz no quiso para no volver a comprometerse con la literalidad de ningún texto.

Ese gesto indignó a los trabajadores que protagonizaron un encierro por la noche en la sede de la Consejería de Empleo en Sevilla y, al día siguiente, en asamblea, acordaron retomar sus protestas. “Creo que ha sido un engaño. Lo que pedimos es el cumplimiento de unos acuerdos”, lamentó el portavoz del colectivo por UGT, Antonio Montoro. Ya han anunciado que volverán a movilizarse el lunes después de que en los últimos meses hayan seguido a los dirigentes autonómicos hasta protagonizar algunos acosos como el que vivió Manuel Chaves recientemente en Chiclana. Eso llevó a la subdelegación del Gobierno a advertir al colectivo de que no permitiría nuevas protestas sin autorización.

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, cree que el diálogo no está roto. Así lo piensan también los sindicatos, a pesar del anuncio de nuevas movilizaciones. “Creo que hemos cumplido con los ex de Delphi y lo que tratamos es de ofrecerles oportunidades pero sin un trato preferencial”. López Gil ha advertido también de que no consentirá nuevos ataques personales contra él ni contra otros dirigentes. Ha anunciado que denunciará cualquier movilización no autorizada.