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Anticorrupción pide a Alaya despiezar la investigación en diferentes causas

La fiscalía busca desgajar el ‘caso ERE’ y concretar delitos e imputados pendientes

Los fiscales Manuel Fernández (izq.) y Juan Enrique Egocheaga. Ampliar foto
Los fiscales Manuel Fernández (izq.) y Juan Enrique Egocheaga.

Dados el descomunal tamaño y la complejidad del caso ERE, la Fiscalía Anticorrupción considera que la mejor herramienta para manejarlo es despiezar esta investigación en distintas causas independientes. Esto permitiría una mayor agilidad, ya que a pesar de que todos los delitos descubiertos mantienen una aparente conexión, esto no impide que puedan ser separados en diferentes piezas y de este modo ir cerrando cada investigación, para así enviarla a juicio una vez que se concreten los delitos y sus responsables. Poco a poco y sin necesidad de alcanzar el final de la investigación para enjuiciar a ciertos responsables, con la consiguiente reducción del riesgo de las prescripciones.

La clave es el artículo 762 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, muy claro al respecto: “El juez podrá acordar la formación de las piezas separadas que resulten convenientes para simplificar y activar el procedimiento” Los fiscales mencionan esta potestad de la magistrada cuando entienden que “es necesario ir delimitando los hechos y sus partícipes para permitir articular la causa”. Anticorrupción considera que la investigación “no está ni mucho menos cercana a su conclusión” después de casi tres años de instrucción, dada la “complejidad de los hechos que se investigan”. El hecho de no ver un horizonte final cercano en el tiempo se explica porque los ERE que restan por investigar se cuentan por decenas, pero sobre todo porque cada delito investigado lleva a otro diferente, de ahí que la cifra de imputados alcance ya los 136, y esta se mantenga al alza.

El hecho de que los fiscales consideren que el fin de la investigación sea aún muy lejano choca en cierto modo con la reciente afirmación de la juez de que “el fin de la instrucción no está lejos, más bien al contrario”. Sin embargo, Alaya se refiere en dicho auto a la investigación que afecta a los cargos aforados y que previsiblemente enviará al Tribunal Supremo una vez la concluya tras recibir los informes de la Sierra Norte de la Guardia Civil, así como los de la Intervención General y la Dirección General de Seguros al respecto. Y es que al margen de estos informes pendientes, el caso ERE mantiene vías abiertas ajenas a estos informes.

Mientras, los fiscales urgen a Alaya a que la investigación aclare los cobros de los sindicatos por su intermediación en todos los ERE, ya que por ahora solo han sido imputados y detenidos dos dirigentes, Roberto Carmona (CC OO) y Salvador Mera (UGT). Para ello, pide a las centrales que detallen “factura a factura, contrato, personal empleado, trabajos realizados con duración, lugar y periodo” en los ERE, para cotejar estos datos con los que obtengan los investigadores desde los registros mercantiles y la Agencia Tributaria.

La fiscalía pide que se investiguen “de forma inmediata” a los sindicatos y se analicen todos los movimientos bancarios realizados por sus asesorías jurídicas, por si pudieran haber incurrido en blanqueo de capitales y las entidades bancarias hubieran informado al servicio antiblanqueo del Banco de España. Asimismo, Anticorrupción requiere a CC OO que aporte toda la documentación que tenga de las pólizas de su exdirigente Juan Antonio Florido, al que la central ha defendido, para cotejarla con la acusación de la Guardia Civil asumida por la juez Alaya. Por último, los fiscales piden a Alaya que aclare los cargos contra Juan Manuel Casado, que ha sido citado para declarar ante ella como imputado. La Guardia Civil detuvo a Casado en la última operación policial y le encerró en calabozos durante dos días, pese a lo cual abandonó el juzgado sin cargos.