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El alcalde de Sueca declara como imputado por presunta prevaricación

Salvador Campillo firmó en 2011 unas resoluciones de la Alcaldía para la contratación de personal

En ellas constaba la advertencia de la Secretaría General que no se ajustaban a la legalidad

El alcalde de Sueca, Salvador Campillo, del Grup Independent Sueca Perelló i Mareny (GISPM), ha prestado declaración este martes en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de la capital de la Ribera Baixa. Está imputado por un presunto delito de prevaricación. A la salida fue parco en palabras. Aseguró sentirse satisfecho y “haber dicho lo que hay”. Se le ha requerido a que aporte documentación referente a las explicaciones que ha dado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El que fuera secretario de la Corporación en el momento de producirse los hechos que se le atribuyen declarará por exhorto, posiblemente en los juzgados de Igualada (Barcelona).

Campillo firmó a finales de 2011 unas seis resoluciones de la Alcaldía para la contratación temporal de personal en las que constaba la advertencia de la Secretaría General que no se ajustaban a la legalidad. Una de ellas era una prórroga, o renovación, de otro contrato por resolución de mayo del mismo año, que también fue diligenciada por el secretario. En aquella ocasión fue el ex alcalde, y ahora concejal y diputado en el Congreso por Compromís-Equo, Joan Baldoví, quien tras una selección de profesionales adjudicó la plaza de ingeniero municipal, como funcionario interino para seis meses “por acumulación de tareas”. En el proceso selectivo se omitió el requisito de publicidad, según el secretario. El ingeniero titular había fallecido de manera repentina. Baldoví advertía en la misma resolución que debería ser el nuevo gobierno local quien convocara el pertinente concurso para cubrir la plaza. La decisión del alcalde fue recurrida por los sindicatos CC OO y UGT.

Campillo volvió a contratar como interino al mismo profesional por seis meses más en noviembre de 2011 y en mayo de 2012. CC OO recurrió ambas renovaciones. Dos salas de lo contencioso-administrativo de Valencia anularon las tres resoluciones. Las sentencias están recurridas. El resto de contratos eran para escasas semanas, coincidiendo con las necesidades del coto de caza de aves acuáticas. Algunas venían “avaladas” por informes del departamento municipal de Servicios Sociales donde entendían que eran casos “de necesidad extrema”. La plaza de ingeniero se adjudicó con posterioridad mediante un concurso en el que los sindicatos no pusieron objeción alguna.

La denuncia que provocó la apertura de las diligencias fue presentada por Pau Codina, representante en Sueca de Els Verds del País Valencià. Codina, que no está personado en la causa como acusación particular, había solicitado del Ayuntamiento una relación de resoluciones de la Alcaldía con la finalidad de presentarlas ante el fiscal. Seis meses después, al no recibir respuesta alguna por parte de la Corporación, puso los hechos en conociniento del Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana quien, a su vez, remitió la denuncia a su homólogo provincial. El día que ratificó la denuncia ante el juez aportó fotocopias de seis resoluciones y las tres sentencias citadas.