Un capítulo que no pone punto final al desastre medioambiental

Se hizo esperar y mucho. Pero la sentencia de la Audiencia provincial de A Coruña sobre la catástrofe del 'Prestige', la mayor causa jamás instruida en España por un delito medioambiental, no pone aún un punto final a una instrucción judicial que se prolongó durante nueve años y un juicio que duró tanto como un embarazo. Habrá recursos. La principal cuestión que se dirime es quién paga, penal y pecuniariamente, los gastos que ocasionó la catástrofe, que la fiscalía ha calculado en 4.121 millones de euros. Depende de quién sea condenado y quién declarado responsable civil subsidiario, puede acabar pagando el propio Estado o la aseguradora del buque hundido.

El propio presidente del tribunal, Juan Luís Pía, daba por seguro en julio, nada más declarar “visto para sentencia”, que el caso llegará hasta el Supremo. Y las más de dos mil partes personadas, representadas por medio centenar largo de abogados, deberán iniciar los trámites para reclamar responsabilidades civiles en función de los hechos que este fallo penal determine como “probados”. Eso sin contar, también en la lista de pendientes y segundas partes de la mayor catástrofe ecológica ocurrida en España, las 10.000 toneladas de residuos tóxicos que la Xunta mantiene almacenadas, a la espera de conseguir el dinero, 1,27 millones de euros, que requiere su tratamiento.

El fallo, cuya lectura comienza a las 11.00, tan sólo cinco antes de cumplirse el 11º aniversario del accidente del viejo petrolero frente a Fisterra, decidirá la absolución o condena de los tres jubilados que acabaron sentados en el banquillo de los acusados: Apostolos Mangouras, el capitán del barco que tras tres meses de cárcel preventiva lleva once años en libertad provisional; José Luis López-Sors, ex director general de Marina Mercante y único representante del Gobierno de Aznar que gestionó la catástrofe; y Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas del 'Prestige'. Imputado también está el primer oficial, filipino de nacionalidad, pero está en paradero desconocido y nunca se le comunicó la acusación. Todas las acusaciones, y sobre todo la propia Fiscalía, que pide 12 años de cárcel para Mangouras, solicitaron del tribunal que una condena no obligue no obstante a volver a poner tras las rejas a un capitán de 78 años de edad.

El objetivo del Ministerio es que a través de Mangouras sea declarada responsable civil subsidaria la propietaria del barco y sobre todo su aseguradora de Londres, la única solvente del entramado empresarial del buque. La plataforma Nunca Máis, entre otras entidades, pide también una condena de López-Sors de hasta cinco años de prisión.

“El juicio fue una pantomina, no preocupa a la gente”, afirmaba este verano el alcalde de Muxía, Felíx Porto, nada más terminar el largo juicio que se celebró en el recinto ferial de A Coruña. “Fue desmesurado y un sinsentido”, coincidía el magistrado Pía. Tampoco tuvo en reparos en destacar, rotundo, que “faltó mucha gente entre los acusados”, entre ellos “responsables políticos” de la gestión de la catástrofe y directivos “del entorno” del 'Prestige'.

Cargado con 77.000 toneladas de fuel viscoso y de mala calidad, su accidente frente a Fisterra, hace hoy 11 años, seguido de seis días de errática travesía antes de partirse y zozobrar, acabó por teñir de negro 1.600 kilómetros de costa, desde la desembocadura del Miño, en la frontera con Portugal, hasta el litoral atlántico francés. Todo aparece descomunal en este causa judicial que generó 190 tomos de sumario e implicó a múltiples países e instancias internacionales. El viejo petrolero era de bandera de las Bahamas, su propietario de Liberia (Mare Shipping), el armador griego (Universe Marítime); estadounidense la sociedad clasificadora que lo certificó apto para navegar (ABS); londinense la compañía aseguradora (The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance) y suizo el fletador (Crown Ressources).

Tras nueve años de azarosa y embrollada instrucción en el pequeño juzgado de Corcubión, en el corazón de A Costa da Morte considerada zona céro de las gigantescas y sucesivas mareas negras, la organización del juicio, que arrancó con las cuestiones preeliminares el 16 de octubre del pasado año, costó a las arcas públicas gallegas nada menos que 1,4 millones de euros. Hubo que habilitar el recinto ferial de A Coruña para acoger, con todo tipo de medios técnicos, informáticos y audiovisuales -muchas personas declararon por video conferencias- además de traductores, una vista oral en la que se sucedieron durante nueve meses los testigos, el repaso a las pruebas, los vídeos, los innumerables informes de peritaje.

Fue, no obstante, un juicio bastante tranquilo, casi de guante blanco, a pesar de las constantes puyas que no cesaron de lanzarse la Fiscalía y los abogados de los dos principales acusados, el capitán del petrolero Apostolos Mangouras y el exdirector general de Marina Mercante José Luis López-Sors. Y pese a más de una década de largas investigaciones, hubo durante la vista sorpresas y novedades. Como la aparición, diez años después, de unas grabaciones de Salvamento Marítimo entre dos altos cargos de Fomento que, al día siguiente del accidente, abogaban por llevar el barco herido al abrigo, al puerto de A Coruña, en vez de enviarlo, como finalmente se hizo, a mar abierto lo más lejos de la costa. O esa teoría de la ola gigante asesina que tanto se esforzó la defensa del capitán del 'Prestige' en tratar de achacar la causa inicial del siniestro en vez del mal estado del viejo petrolero, considerado por muchos “una chatarra flotante” que nunca debería haber sido autorizado a navegar, y menos cargado de fuel. También está el informe sin precedentes encargado por la Fiscalía a una catedrática de la Universidad de Santiago que desarrolló fórmulas de cálculos innovadoras para tratar de cuantificar en sus más mínimos detalles y en todos los aspectos la factura de un desastre ecológico como el del 'Prestige'. Un estudio que, éste sí, ya empieza a ser utilizado en instancias internacionales como un precedente.