La plantilla se autogestiona y dedica la programación a criticar la clausura

Nou, el canal autonómico valenciano conocido hasta hace poco como Canal 9 y que en breve será cerrado por la Generalitat, escapó este miércoles al control político convirtiéndose en una emisora corrosiva para el poder y especialmente para el máximo responsable de la clausura de la televisión pública, el jefe del Gobierno valenciano, Alberto Fabra. Fue un auténtico varapalo al Ejecutivo valenciano. Los reporteros y los cámaras salieron a la calle en busca de testimonios de apoyo a la continuidad de la televisión pública.

Más de 1.000 personas se reunieron anoche en la céntrica plaza de la Virgen de Valencia en una concentración de solidaridad. Se le dio protagonismo a las víctimas del metro, llegando los periodistas de Nou a reconocer que la cobertura de la televisión del accidente de Valencia del 2006, que produjo 43 muertos, fue “indigna” y siempre controlada por el Consell.

Algo insólito en un canal que durante años ha cuidado hasta el mínimo detalle al partido en el Gobierno en la Comunidad Valenciana, el PP, según están confirmando en las últimas horas incluso los trabajadores destinados en las áreas más sensibles. Muchos de ellos nunca se habían pronunciado en estos términos antes del anuncio del cierre.

La televisión exhibió todo el día un rótulo en el que podía leerse RTVV no es tanca (RTVV, Radio Televisión Valenciana, no se cierra). El informativo del mediodía abrió con el titular Fabra no asume responsabilidades. Dio toda la conferencia de prensa del presidente de la Generalitat, pero insólitamente acotó algunas de sus manifestaciones.

Una de las imágenes más repetidas de la jornada fue la de trabajadores y despedidos del ente concentrados a las puertas del Palacio de la Generalitat gritando “Fabra dimisión”. Las informaciones sobre la clausura subrayaron la asunción por parte de Fabra de la bancarrota de su Administración, al trasladar que se veía obligado a elegir entre cerrar Canal 9 y cerrar “colegios y hospitales”. Así como el hecho de que el presidente de la Generalitat no reconociese “ninguna responsabilidad política” ante el fracaso del expediente de regulación de empleo para más de un millar de empleados tumbado por la justicia —que ha sido el detonante del cierre— ni sobre la desorbitada deuda (1.300 millones) “que han acumulado los anteriores directores generales nombrados por el PP”.

Las emisiones de Canal 9 y Radio 9 quedaron en manos del criterio de los trabajadores ante la permisividad de la directiva, que anunció que no participará en el cierre del ente público y dimitió ayer por la tarde.

“Hoy somos los trabajadores los que hemos decidido hacernos los amos de la pantalla”, afirmó por la tarde la presentadora de un programa especial sobre el cierre en el que un trabajador llamó “al pueblo” a “alzarse” contra los responsables políticos.

Los periodistas destacaron que la clausura tendrá que ser votada “por nueve diputados imputados por corrupción”. Y dieron voz a representantes de la sociedad civil contrarios al fin del canal, algunos de los cuales llevaban desde los años noventa sin aparecer en pantalla. Un portavoz del equipo directivo dimisionario de la directora general de RTVV, Rosa Vidal, aseguró que este no alentó ninguna programación. El Consell mostró su indignación por la información.