El TSJA frena la vía de la Junta para recuperar el dinero de los intrusos

La batalla judicial entre la Junta y los intrusos (personas ajenas a las empresas beneficiadas por ERE subvencionados) para decidir quién se queda con el dinero cobrado se decanta a favor de los prejubilados de forma irregular. El Tribunal Superior de Justicia (TSJA) ha establecido en decenas de sentencias recientes sobre los recursos presentados por los intrusos para evitar devolver los fondos públicos que la Junta debió declarar nulos los ERE para estar legitimada y poder así reclamar los 17 millones que pagó de forma indebida. En su investigación interna, el Gobierno detectó 71 intrusos e irregularidades administrativas en otras 164 personas.

La batalla está viva porque la Junta ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y espera que el alto tribunal le dé la razón sobre su interpretación de la norma: que la subvención del ERE era legal pero el cobro de las prejubilaciones por parte de los intrusos era ilegal, según los límites que establece el artículo 106 de la ley de procedimiento administrativo [sobre la nulidad]. Es decir, el Ejecutivo busca continuar con el pago de las pólizas a los 6.000 extrabajadores prejubilados mientras reclama el dinero a los intrusos.

“Dejar de pagar a los prejubilados de buena fe era un follón tremendo”, aclaran fuentes de la Junta en referencia a las anteriores protestas de los prejubilados ante los impagos de las aseguradoras. Pero el Supremo aún tardará meses en pronunciarse al respecto, y mientras los jueces de la sala Contencioso Administrativo del TSJA tumban los argumentos de la Junta como la buena fe que presidieron las ayudas y el tiempo transcurrido desde que se otorgaron. Los magistrados censuran con duros calificativos las subvenciones a los ERE: “Entrega totalmente irregular, y sin sustento legal alguno de dinero público para pagar sin causa las primas”.

El alto tribunal andaluz corrige al Ejecutivo autónomo y le apremia a reclamar el abono de las pólizas (la mayoría de los 721 millones del fondo) a las empresas y las aseguradoras que percibieron los fondos, en vez de a los intrusos. “Las resoluciones impugnadas tratan de dar apariencia de legalidad a una conducta que ha supuesto el pago de cantidades sin causa para ello, y no tienen la finalidad de recobrar lo indebidamente abonado”, reza la última sentencia del TSJA que da la razón a la hija del exalcalde socialista Domingo Martínez, de San Nicolás del Puerto (Sevilla), a la que la Junta reclama 109.572 euros. De este modo, la heredera del alcalde no tendrá que reintegrar los fondos percibidos, al menos de momento.

Los jueces censuran las transferencias de fondos que realizó la Administración a las aseguradoras para el pago de los ERE y acusa a la Junta de intentar dar “una apariencia de legalidad a los pagos sin causa”, en referencia a las subvenciones a los ERE que debieron pagar los empresarios, según los jueces. “Total ausencia de procedimiento de otorgamiento de ayuda, lo que determinaría la nulidad de la misma, sino la propia existencia de resolución de otorgamiento, no siendo posible presumir válido y eficaz un acto que no existe”, decretan los magistrados. Es decir, el Ejecutivo debió declarar nulo el acto de subvención del ERE. Mientras, la Junta defiende la legalidad de los ERE pero censura el pago a los intrusos.

Ante la existencia de “las irregularidades en el pago de cantidades sin procedimiento ni acto que lo justifique”, el TSJA acuerda deducir testimonio de estos hechos al Juzgado de Instrucción 6 que dirige Mercedes Alaya. En otras sentencias los jueces son más específicos y envían sus sentencias a Alaya porque consideran que existen indicios penales contra dirigentes de la Consejería de Empleo como los ex directores generales de Trabajo Javier Guerrero y Juan Márquez por diversas ayudas.

En paralelo, la Junta ha enviado los expedientes administrativos abiertos al Consejo Consultivo, y este ha apoyado las tesis del Ejecutivo sobre la conveniencia de incoar un expediente de reintegro para recuperar el dinero. Pero al margen del proceso administrativo, los intrusos han acudido a la vía judicial para evitar el pago del dinero, y ahí es donde la Junta está perdiendo la batalla. Algunos intrusos como el exalcalde socialista de El Pedroso Rafael Rosendo han consignado ante el juzgado de Alaya el dinero que percibieron, pero esto es una medida para acogerse a los beneficios como imputados que implican esta medida.

Por otra parte, la exministra socialista Magdalena Álvarez seguirá siendo la vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Así lo expresó el presidente del banco, Werner Hoyer, que recalcó que el BEI no “ha abierto ninguna investigación especial” por su posible implicación en el caso ERE, pero “sigue muy de cerca el proceso en España”, informa Esperanza Escribano. Álvarez declara hoy como imputada por segunda vez ante la juez Mercedes Alaya.