La Audiencia Nacional ordena registrar un despacho de abogados de Valencia

La Audiencia Nacional ha ordenado hoy el registro de un despacho de abogados de Valencia en relación a la investigación que lleva a cabo sobre la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra exdirectivos de la antigua Caja Ahorros del Mediterráneo (CAM).

Fuentes judiciales han indicado a EFE que, además de la intervención en el despacho de abogados de Valencia, ordenada por el titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, también se han realizado registros en un despacho de abogados de Alicante y otro de Madrid, si bien no han especificado de qué despachos se tratan.

En el caso concreto del despacho valenciano, las mismas fuentes han señalado que durante el registro, que se ha llevado a cabo desde primera hora de la mañana y hasta las 18.30, los agentes han requisado numerosa documentación supuestamente referida a este caso.

Han precisado además que el letrado no está imputado en la causa, sino que ejerce la representación legal de uno de lo acusados en la misma.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, ha indicado que registrar de esta forma el despacho de un abogado y requisar la documentación que tenga sobre sus clientes, "es una vulneración del derecho al secreto profesional y la confidencialidad entre abogado y cliente".

En su opinión, es especialmente grave porque se trata de una actuación en el despacho de un abogado que ni siquiera está imputado en la causa, sino que ejerce la defensa de uno de los acusados, que de esta forma ve vulnerado su derecho a defensa.

Ha indicado además que los agentes judiciales han requisado de forma indiscriminada documentación y comunicaciones entre abogado y cliente, lo que supone una "vulneración gravísima de un derecho reconocido en la constitución".

Durán ha destacado además que si un ciudadano no puede mandar documentación a su abogado "salta por los aires el Estado de Derecho" y ha anunciado que el Colegio de Abogados de Valencia se reserva la posibilidad de ejercer acciones judiciales contra el juez de la Audiencia Nacional por considerar que este registro supone un ataque gravísimo a las garantías judiciales que deben preservar la relación entre el abogado y su cliente.