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La Audiencia exige al juez del Alvia más pruebas para imputar a Adif

El tribunal retira los cargos a cinco técnicos por “prematuros” pero justifica la investigación

Tren accidentado en Santiago
Tren accidentado en Santiago

El juez Luis Aláez, instructor del accidente del tren Alvia en Santiago el pasado 24 de julio que costó la vida a 79 pasajeros, deberá recabar más pruebas antes de imputar responsabilidades en el siniestro a técnicos de Adif, la empresa pública responsable de la red ferroviaria. Así lo determina la Audiencia Provincial de A Coruña, que acaba de dejar sin efecto la imputación de cinco técnicos de Seguridad en la Circulación a los que el juez culpaba de permitir que la curva de Angrois careciese de sistemas de frenado automático en caso de un exceso de velocidad como el del maquinista del Alvia, Francisco José Garzón, que circulaba despistado.

 La Audiencia se pronuncia así en dos autos, contra los que no cabe recurso, en los que atiende parte de las apelaciones formuladas por Adif y una víctima contra decisiones previas de Aláez. El tribunal apoya al juez en su investigación sobre si la curva “exigía o no, desde una perspectiva técnica, [...] un sistema de control permanente de velocidad que supliera una actuación desatenta del conductor”, pero considera que eso “no equivale a que por ahora concurran datos que justifiquen imputaciones con tal base”, que ve “prematura”.

Aláez analiza la influencia en el accidente de la decisión tomada en 2011 por Adif de que el sistema de control permanente de velocidad, el ERTMS habitual en los AVE, se instalase en las vías solo hasta cuatro kilómetros antes de la curva. Ese sistema, además, está desconectado en los Alvia desde junio de 2012 por problemas técnicos. Eso los obliga a circular entre Ourense y Santiago con un sistema inferior, el ASFA, que solo controla la velocidad al paso por señales puntuales inexistentes en Angrois. El juez considera que, aunque sea legal circular solo con ASFA, Adif debió adoptar medidas adicionales al decidir que Angrois careciese de ERTMS.

Aláez imputó por ello y tomó declaración, a mediados de septiembre, a Manuel Besteiro Galindo, director de Seguridad en la Circulación de Adif, y a cuatro subordinados suyos. Pero la Audiencia le dice ahora que “no bastaría para la atribución de la condición de imputado en el presente proceso el hecho de desempeñar cometidos en materia de seguridad”. El tribunal admite que “la magnitud de la tragedia justifica que la investigación sea exhaustiva y que se indague sobre todos los factores que hipotéticamente pudieran tener relevancia”, pero censura a Aláez que realice afirmaciones técnicas sin contar aún para ello con peritos que lo asesoren. La propia Audiencia realiza apreciaciones similares, pero en sentido contrario al de Aláez, también sin respaldo de peritos.

Sobre el maquinista, imputado por homicidio imprudente como principal causante del accidente, la Audiencia considera que “bastaba mirar hacia delante y prestar atención para percibir y saber, en un margen mínimo, de muy pocos segundos, dónde estaba exactamente el tren”. El tribunal dice que la imputación de Garzón no impide otras, pero que ello debe “derivar de la aparición en el curso de las investigaciones de datos o elementos de consistencia suficiente”. Aunque la Audiencia sí apoya que se investigue la decisión de no instalar el ERTMS en todo el recorrido de Ourense a Santiago, rechaza la petición de una víctima de imputar a los responsables de Renfe que pidieron desconectarlo en los trenes. Tampoco considera investigable el diseño de la curva de Angrois ni la redacción del Libro Horario que dice a los maquinistas a qué velocidad ir en cada tramo.

Tras la anulación de los cargos de los cinco técnicos, fuentes de Adif se muestran convencidas de que también se levantará la imputación de los 21 miembros de su Consejo de Administración, entre ellos sus tres últimos presidentes, que deberían comenzar a declarar ante Aláez la próxima semana. También está imputado un sexto técnico, el anterior director de Seguridad en la Circulación, responsable cuando se abrió la línea en 2011. Por su parte, representantes de las víctimas mostraron su disconformidad con la decisión de la Audiencia.

 

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