La escuela concertada ahonda su conflicto

El enfrentamiento sin visos de solución entre patronal y sindicatos afecta a casi 130.000 alumnos

Concentración de protesta de profesores y sindicatos de la concertada el pasado martes en Bilbao.
Concentración de protesta de profesores y sindicatos de la concertada el pasado martes en Bilbao.fernando domingo-aldama

Casi 130.000 alumnos de la enseñanza concertada llevan desde el inicio de curso afectados por el conflicto que enfrenta a los cinco sindicatos del sector (CC OO, UGT, ELA, LAB y STEE-EILAS), que representan a 12.000 docentes, con las patronales Kristau Eskola y AICE (Asociación Independiente de Centros de Enseñanza), especialmente la primera, que engloba a 137 colegios, la gran mayoría religiosos —AICE integra a unos 50 centros—.

Responsables sindicales y de Kristau Eskola reconocen a EL PAÍS que el conflicto se halla totalmente enquistado, sin posibilidad de acercar posiciones y con cada parte esperando que la otra actúe. “Es un inmovilismo fuera de lo racional”, se queja Mikel Ormazabal, director general de Kristau Eskola. “No veo por ningún lado nada que vaya encaminado a cambiar la situación actual”, apunta Pablo García de Vicuña, secretario general de CC OO Irakaskuntza.

Dos consecuencias de la política del Gobierno central se han sumado en una suerte de tormenta perfecta en este enfrentamiento: los recortes a los funcionarios y la reforma laboral. A mediados de 2010, Educación podó un 5% los sueldos de los profesores públicos y trasladó esa medida a los colegios concertados, reduciéndoles en ese porcentaje el dinero que les aporta. La patronal intentó cargar sobre sus docentes la reducción, pero tuvo que ceder después de que los sindicatos ganasen sucesivamente sus demandas hasta llegar al Tribunal Supremo, donde Kristau Eskola ha perdido incluso el incidente de nulidad de actuaciones que interpuso.

La deuda a los profesores suma ya 18 millones, sigue creciendo y pesa como una losa sobre los centros, muchos de los cuales han debido endeudarse para afrontarla, según la patronal. En junio, ambas partes pactaron un calendario de pagos aplazados que ahora empieza a cumplirse, pero el acuerdo alcanza solo a las cantidades adeudadas hasta diciembre pasado. “De momento, los únicos que están soportando la deuda son los trabajadores”, indica Ángel Pérez, responsable de enseñanza privada en FETE-UGT.

Con este telón de fondo, el 5 de julio saltaba por los aires la mesa negociadora del convenio, cuya vigencia concluía dos días después, negociación que sigue rota y sin visos de reanudarse. La reforma laboral dispone el fin de la ultraactividad (prórroga automática) y la remisión a un convenio superior, en este caso el estatal, si no hay acuerdo. El Tribunal Superior, al que acudieron las centrales al entender que, tal y como está redactado, el convenio garantiza la ultraactividad, tiene ahora la palabra después del juicio celebrado el 15 de octubre y los dos lados aguardan su resolución. “Con eso no vamos a solucionar todos los problemas”, dice Ormazabal.

Comienza el pago de la deuda

J. RIVAS

El pasado jueves se cumplía el primer plazo para que los colegios concertados abonasen a sus docentes las cantidades adeudadas por las diferencias salariales, según el acuerdo que sindicatos y patronal firmaron el pasado mes de junio. Ese pacto implica que toda la deuda del periodo entre junio de 2010 y diciembre de 2012 se abone en tres plazos con un calendario que concluye el 31 de enero de 2015.

“El calendario del pago nos parece largo, pero vamos a defender la viabilidad de los centros, porque, al fin y al cabo, es nuestro puesto de trabajo”, asevera Ángel Pérez, de UGT.

Fuentes sindicales indican que, por los datos que poseen, en torno al 75% o el 80% han efectuado ese primer pago, mientras las gerencias del resto de centros han propuesto a su plantilla negociar individualmente un aplazamiento de este pago.

“Al menos en este paso da la sensación de que se van a respetar los acuerdos”, apunta Pablo García de Vicuña, de CC OO. “El crecimiento de la deuda es una situación a la que se abocó por sí misma la patronal judicializando el conflicto”, apostilla.

La patronal insiste en que su recurso repetido a los tribunales por este asunto y, en especial, el incidente de nulidad que planteó tras perder en el Supremo, incidente fallado también en su contra, no pretendía atrasar el pago de la deuda ni que no se abonase, sino “intentar depurar” la sentencia.

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La patronal sostiene que el convenio estatal, que supondría una bajada salarial del entorno del 33%, “no se está aplicando ni se aplicará”, enfatiza el director general de Kristau Eskola. “Los sindicatos han introducido muchos miedos que no están basados en la realidad y entre ellos que, a partir del próximo 1 de enero, los docentes van a ganar 600 euros menos”, añade.

“Euskadi era el único territorio estatal con convenio propio y lo que se había negociado siempre durante 25 años lo rompe de manera unilateral la patronal”, asevera Pérez. UGT reconoce que se siguen pagando los salarios del convenio vasco, pero la estructura de la nómina ha cambiado. Ahora existe un plus como complemento “con el riesgo que hay de que se pueda eliminar”. “El paso al convenio estatal es una consecuencia de la ruptura unilateral por Kristau Eskola. Es la referencia que están mandando a los colegios, con un empeoramiento significativo de las condiciones actuales”, considera el dirigente de CC OO.

Tras la polémica laboral late la discusión sobre la sostenibilidad de la red concertada con una deuda económica creciente para los centros. “Por supuesto que está en juego la viabilidad y sostenibilidad de muchos centros y no lo decimos por generar alarmismo en la sociedad”, asegura Ormazabal. Más de 110 colegios de Kristau Eskola, especialmente los de pequeño tamaño, se arruinarán si deben asumir la subida salarial, según los datos de la patronal, que niega las acusaciones sindicales de estar utilizando aquí una estrategia de amedrentamiento para reforzar su posición negociadora. “No hay nada de eso”, replica su director general.

Los sindicatos quieren ver números que respalden esas afirmaciones de posible peligro de viabilidad. “Los actos de fe están muy bien para las creencias, pero habría que demostrar con un claro estudio de su balance y de las cuentas que esos centros pueden declararse insolventes por la deuda”, opina García de Vicuña. “Mientras no haya esa transparencia no podemos confiarnos porque no nos han dado elementos para ello. Y Kristau Eskola se ha negado sistemáticamente a facilitar esos datos”, apostilla. “Puede haber colegios pequeños a los que les surjan problemas, pero muy pocos y en ningún caso las cifras que está dando la patronal”, tercia López.

“Los verdaderos interesados en mantener nuestros puestos de trabajo somos los trabajadores. No vamos a tirar piedras a nuestro tejado si encontramos que un centro tiene problemas reales para hacer frente a la situación”, recalca García de Vicuña.

Los sindicatos convocaron una huelga de un día el 26 de septiembre, con amplio seguimiento, insisten, y paros de una hora el 22 y 24 de octubre, además de movilizaciones. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, a finales de noviembre habrá más movilizaciones y más paros. La patronal, que reitera que no piensa en una subida de cuotas a los padres como solución, reclama que los sindicatos que se avengan a un recorte medio de un 3%. “Deberían aceptarlo en una situación de crisis generalizada, teniendo en cuenta además la bajada del horario laboral de 1.252 horas a 1.180”, remata Ormazabal.

Desde el lado sindical se reclama que Kristau Eskola vuelva ya a la mesa de negociación y retire el convenio de ámbito estatal como referencia

Reclamaciones al Gobierno

J. RIVAS
Tanto la patronal como los sindicatos reclaman una implicación más decidida del Gobierno en el conflicto de la enseñanza concertada. “Necesitamos el concurso del Ejecutivo, aunque no sé si la solución es poner inmediatamente dinero encima de la mesa”, indica Mikel Ormazabal, director general de Kristau Eskola. La patronal de los colegios religiosos ya ha planteado públicamente que si el Gobierno aportase 12 millones al año para toda la concertada se resolverían los problemas económicos de los colegios, propuesta que el Gobierno no contempla.
Los sindicatos apuntan al control de los fondos públicos que van a parar a los centros concertados. Las cinco centrales ya le plantearon a la consejera, Cristina Uriarte, en una reunión que Educación fiscalice realmente que “el dinero tiene una finalización real en los sueldos o si va a engrosar otras partidas que luego los centros utilizan como quieren”, en palabras de Pablo García de Vicuña, de CC OO. “El Gobierno debería implicarse desde el momento en que se da un dinero público”, dice Ángel Pérez, de UGT.
Educación mantiene en el proyecto de presupuestos para 2014 los módulos de los conciertos y, con ello, las cuantías para gastos de personal. Uriarte dijo en una reciente comparecencia parlamentaria que el conflicto tiene un componente laboral claro, por lo que recomendó a ambas partes hablar con Empleo.

Sobre la firma

Javier Rivas

Forma parte del equipo de Opinión, tras ser Redactor Jefe de la Unidad de Edición y responsable de Cierre. Ha desarrollado toda su carrera profesional en EL PAÍS, donde ha trabajado en las secciones de Nacional y Mesa de Cierre y en las delegaciones de Andalucía y País Vasco.

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