La repercusión de una sentencia

El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco trató sin éxito de comprometer a Rosa Vidal para que acuda en noviembre de nuevo a la comisión de control de RTVV, dada la lista de temas pendientes. La directora general se mostró dispuesta a cuadrar agendas, pero no pasó de ahí. Arropada por su equipo, levantó expectación. Miembros del comité de empresa y del consejo de administración de la cadena siguieron la sesión.

Si Vidal compareciera en noviembre, con toda probabilidad se encontraría la sentencia sobre el ERE de RTVV encima de la mesa. Una sentencia que tanto Blanco como Enric Morera, de Compromís, apoyándose en que el fiscal en el juicio secundó la petición de los trabajadores, vaticinaron que será de nulidad. Vidal se negó a adelantar qué hará. Sería “imprudente”, dijo, aunque recordó que la posibilidad de recurrir y prolongar un año más el proceso, algo que preocupa al millar de trabajadores despedidos, puede venir tanto de RTVV como de la Generalitat.

La directora general asumió que fue suya la decisión de incluir en el contrato programa con la Generalitat su resolución si se produce una nulidad del ERE, que obligaría a readmitir a los trabajadores. También la resolución de la externalización de contenidos por el mismo motivo. Explicó que las productoras externas cobrarían y trabajarían durante dos meses a partir de la anulación del contrato, en lo que justificó como “una limitación de la responsabilidad patrimonial de la Administración”. Vidal explicó con todo detalle la adjudicación de cerca de 1.400 horas de programación de Nou (antes Canal 9) a la UTE Endora-Producciones Televisivas Mecomlys-Videac.

Como el diputado socialista Josep Moreno aludió a Videac, filial de Tres60, antes Vértice, como una empresa del “marido de Cospedal” y reveló que la peluquería de RTVV se ha adjudicado a una empresa de Josep Piqué, Vidal replicó que este último solo es miembro del consejo asesor de Vértice, como lo es el socialista Luis Solana, y situó al esposo de la secretaria general del PP en otra empresa del grupo.

Vidal anunció que ha reclamado judicialmente 18.243 euros al locutor de la fórmula 1 que los cobró indebidamente y reiteró que no pagará los polémicos documentales ultras de Triskel. El diputado socialista la acusó de no actuar contra los responsables de esos contratos, y la directora general replicó que “desde el primer día” dejó de contar con gente que estaba en el organigrama y que, si ve que hay “alguna actuación para demandar”, lo hará.