Empresas privadas patrocinarán las investigaciones médicas de Sanidade

La Xunta de Feijóo ha abierto una puerta más del sistema sanitario público a las empresas privadas. Después de confiar sin mucho éxito en acelerar la construcción de hospitales y centros de salud financiándolos con fondos privados, el Gobierno gallego tiende ahora la mano a “personas físicas o jurídicas” que estén dispuestas a patrocinar las actividades e “instalaciones” de la recién creada Axencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación e Avaliación de Tecnoloxías e Servizos Sanitarios. Este órgano de largo nombre nace de la fusión de otros cuatro departamentos autonómicos —la Fundación Escola Galega de Administración Sanitaria, la Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias, la Unidade de Innovación en Saúde y la Subdirección Xeral de Investigación, Docencia e Innovación— y será a partir de ahora el que, entre otras funciones, organice los cursos al personal del Sergas y asesore sobre la tecnología sanitaria que deben adquirir los hospitales.

 La Consellería de Sanidade no solo estrenará los patrocinios privados de empresas —incluidas las farmacéuticas o informáticas— como vía para financiar las actividades formativas de sus trabajadores y de sus investigaciones sanitarias sino que esta será una de las dos fuentes principales de ingresos. En la memoria económica de la Lei de Racionalización do Sector Público —la norma que prevé la creación de este ente y de varios más—, la Vicepresidencia de la Xunta destaca que los recursos económicos para mantener la agencia saldrán fundamentalmente de los patrocinadores y, como ya ocurría hasta ahora, de los convenios y contratos con entidades públicas o privadas. Menos peso tendrán las transferencias de las arcas de la Xunta y las aportaciones “a título gratuito” de particulares.

Además de cursos e informes sobre los recursos tecnológicos que deben adquirir hospitales y ambulatorios del Sergas, la Axencia de Docencia e Investigación podrá organizar congresos científicos, realizar investigaciones sanitarias y otorgar premios y becas de estudios. “Serán las empresas farmacéuticas las que decidirán qué se investiga y con qué objetivos, qué investigaciones son rentables y con qué fines se deben realizar”, alertó ayer la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz.

La oposición criticó en el pleno del Parlamento gallego la entrada de los patrocinios privados en estas actividades de la sanidad pública. Díaz censuró además que esta nueva vía de financiación se extiende también a la otra agencia sanitaria que se creará, la denominada Axencia Galega de Sangue e Tecidos, que concentrará la gestión de las donaciones de sangre, la coordinación de trasplantes de órganos y el almacenamiento de células, tejidos y muestras biológicas. “Esto abre la puerta a la privatización en materias tan importantes como la gestión de sangre y tejidos”, alertó la viceportavoz de AGE, unas críticas a las que se sumaron la nacionalista Tereixa Paz (BNG) y la socialista Beatriz Sestayo.

La oposición pidió la retirada de la Lei de Racionalización do Sector Público, una norma que prevé la fusión de varios entes de la Administración paralela de la Xunta (los denominados chiringuitos) y que, según PSdeG, AGE y BNG es “pésima”, un “cajón de sastre” que creará “inseguridad jurídica”. Tanto la representante de AGE como la del BNG defendieron que no hace falta una ley para ahorrar “600.000 euros”, la cantidad que, según la la memoria económica del texto legislativo, dejará de gastar la Administración gracias a la fusión de chiringuitos en nuevos chiringuitos. El equivalente a “medio kilómetro de carretera”, según los cálculos de la socialista Sestayo.

El PP se quedó solo defendiendo la norma. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que este es el tercer plan de racionalización de la Administración autonómica desde que Feijóo es presidente y subrayó que trata de acabar con el abuso de las asistencias técnicas. Para ello, el número dos del Gobierno gallego se remontó a tiempos del bipartito y tiró de estadísticas oficiales de 2006 que señalaban al Gobierno de Touriño como el que más utilizó este tipo de contratación de todas las autonomías españolas.