La inversión de la Junta para 2014 retrocede al nivel de 2002

Los Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2014 se caracterizan por lo que no hacen: no recorta las políticas sociales, no sube los impuestos, no está condicionado por las políticas del PP, no privatiza servicios sanitarios y educativos y no reduce el empleo público. Un año más, el segundo presupuesto elaborado al alimón por PSOE e Izquierda Unida, emana una política de resistencia y de mantener a duras penas la política social a costa de reducir la inversión, que se retrotrae al nivel de 2002. También el salario de los cerca de 260.000 empleados públicos se mantiene como está, lo que ha provocado el enfado de los sindicatos de la función pública ya que, por tercer año consecutivo, los complementos autonómicos que recibían con las dos pagas extras vuelven a esfumarse. Las centrales han anunciado movilizaciones en próximos días.

El proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad para 2014 se eleva a 29.619,6 millones de euros, un 3,5% menos que el ejercicio anterior. La Junta, como lleva diciendo desde hace un mes, ha contado con 1.200 millones de euros menos por la obligatoriedad de alcanzar un déficit del 1% y por la bajada de las transferencias del Estado. En el lenguaje político de PSOE e IU este descenso se apunta a “la asfixia” del Gobierno central del PP.

Las cuentas se retrotraen a niveles de 2007, el año anterior al estallido de la crisis, pero son las inversiones las que viajan más al pasado. Supondrán 3.305 millones de euros (un 13% menos que el ejercicio actual), una cifra similar a los 3.220 millones de euros de 2002. Otro ejercicio más no habrá obra nueva y lo consignado será para pagar los metros ya comprometidos, básicamente. Tampoco los datos están provincializados porque, como reconocía días atrás el portavoz de IU, José Antonio Castro, no hay nada que vender en cada provincia. Dicho esto, los consejeros harán un ejercicio de arrimar el ascua a sus circunscripciones cuando publiciten el proyecto de ley.

También por segundo año consecutivo, el Gobierno andaluz no ha hecho una estimación oficial de la evolución de empleo. El paro en la comunidad es ahora del 36,3%. Sí hay una previsión mínima de crecimiento económico que la Consejería de Hacienda y Administración Pública que dirige María Jesús Montero estima en el 0,3%, un cálculo similar al del FMI para el conjunto de España.

El proyecto de ley llegó este martes a la mesa del Consejo de Gobierno bastante destripado bien por los propios socialistas o por Izquierda Unida. La federación de izquierdas intentó escenificar que había mantenido una especie de pulso de última hora con sus coaligados, aunque finalmente se mostró “satisfecha” con el texto aprobado. Esta actitud de tensar la cuerda tiene como destinatario un público: el de las siempre inquietas bases de Izquierda Unida. Los roces entre PSOE e IU han ido a más desde la llegada a la presidencia de la Junta de Susana Díaz y desde la elección de Antonio Maíllo como coordinador general, dos piezas clave del cogobierno que aún no han llegado a acoplarse.

Una de las novedades del proyecto de ley tiene que ver con el sector público de la Junta, sujeto a un fuerte debate por parte de los partidos por su dimensión. Los fondos destinados a este sector bajan un 8% de media, aunque Montero no facilitó el presupuesto global del que dispondrán. En 2013, las agencias sumaban 3.859 millones de euros. Siguiendo las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, aparecerán todas las entidades participadas por la Junta de Andalucía sea cual sea la vía por la que perciban fondos públicos (transferencias de financiación, encomiendas de gestión, subvenciones). Hacienda les va a obligar a presentar antes de que finalice el mes de enero un plan económico financiero y deberán ajustar sus plantillas al presupuesto que tengan asignado. Esto ya lo intentó la Junta en los dos últimos años, pero ahora Hacienda tutelará o supervisará su cumplimiento por mandato presupuestario. Esta medida se considera un guiño a los enfadados funcionarios que consideran injusto que se congelen sus nóminas mientras no se recortan el número de directivos de las empresas.

Montero destacó que ocho de cada diez euros del Presupuesto se destina a política social. Se mantiene lo que hay en prestaciones sanitarias, que consumen el 38% del gasto, sin copago farmacéutico y sin tocar la cartera de servicios. Educación, el 30,5% del gasto, mantiene las cuatro becas propias de la Junta y programas como la gratuidad de textos. Los fondos de Dependencia siguen en 1.094 millones, así como los programas de salario social y plan contra la exclusión. Los fondos andaluces a los Ayuntamientos también se congelan.

Montero también destacó los planes de empleo, aunque muchas de las partidas apuntadas ya estaban comprometidas desde hace tiempo. No obstante, se trata de la única política que sube, según dijo.

En el desglose por capítulos, cuatro consejerías bajan más del 3,5% del conjunto del Presupuesto: Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (3,7%); Justicia e Interior (6%); Agricultura, que incluirá tres millones para el banco de tierras, (7,6%); y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las siete restantes, entre ellas las tres de IU, lo hacen por debajo de la media.

El pago de las amortizaciones de la deuda se reduce respecto al ejercicio actual en un 11,6%, por la reducción de los intereses en 376 millones de euros.