59,5 millones de ayudas del Estado a la vivienda no llegan a los beneficiarios

“Actualmente, la Comunidad Autónoma Valenciana tiene un importe pendiente de justificar de los planes estatales anteriores de 59,5 millones de euros”. La respuesta del Gobierno a una pregunta de los diputados socialistas en el Congreso Ximo Puig y Herick Campos reconoce así que la Generalitat Valenciana no había justificado todavía el pasado mes de septiembre el pago efectivo de cerca de 60 millones de ayudas a la vivienda que le fueron transferidos por el Estado.

Los socialistas recordaban en su pregunta al Gobierno que el plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbana para el periodo 2013-2016 indica que el Ministerio de Fomento solo transferirá las subvenciones a aquellas comunidades autónomas que hayan justificado correctamente el pago y la aplicación de los importes ya transferidos en planes anteriores. Y preguntaban, además de los importes pendientes de justificación de pago, si la Comunidad Valenciana ha aplicado de manera correcta los importes ya transferidos y pendientes de justificar.

El Gobierno enumera en la respuesta a la primera pregunta que la Generalitat tiene pendientes de justificar 0,2 millones del Plan Estatal 2002-2005, 32,9 millones del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 y 26,4 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.

La plataforma pide que la Eurocámara cree una comisión de investigación

A la segunda pregunta responde que no puede contestar. “La correcta aplicación de los importes transferidos se podrá contrastar una vez que se vayan justificando por la Comunidad Autónoma”, indica el Ejecutivo central.

Ya la diputada socialista en las Cortes Valencianas María José Salvador había preguntado por el asunto al Consell. En su respuesta, la Generalitat cifró en 44,6 millones de euros el importe transferido por el Ministerio de Fomento “con cargo a las líneas previstas” en el plan 2009-2012 y añadía que, a 2 de agosto pasado, la Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente había reconocido subvenciones por valor de 45,1 millones, el abono efectivo de las cuales “queda condicionado a las disponibilidades presupuestarias de la Generalitat”. Esa cantidad, según el Consell, está “pendiente de validación por el ministerio”.

Aunque no toda la cifra, una buena parte de los 59,5 millones que el Consell no ha justificado al Gobierno está incluida en los 250 millones de deuda que la Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda ha denunciado ante el Parlamento Europeo. La plataforma anunció este lunes que ha presentado ante el Comité de Peticiones de la Eurocámara una reclamación en la que exige que se emplace a la Generalitat a liquidar “con carácter inmediato”, la deuda contraída con 50.000 familias, sobre todo desde 2009, pero también desde 2007 y 2008.

También denuncia la supresión del denominado cheque-vivienda

El reconocimiento de la totalidad de la deuda, el establecimiento de un calendario de pagos inmediato y el pago por orden de resolución favorable son las peticiones que la plataforma de afectados pide que se establezcan. La denuncia solicita además que el Parlamento Europeo cree una comisión de investigación “para averiguar las causas que han llevado a este impago acumulado” y para determinar “posibles responsabilidades públicas y personales”.

La Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda de la Comunidad Valenciana también denuncia al Parlamento Europeo como “una vulneración de los derechos de los ciudadanos” la supresión de los subsidios de préstamos para viviendas de protección oficial, el denominado cheque-vivienda, incluida en las medidas de recortes del Gobierno de Mariano Rajoy.

Tras explicar que la subsidiación son “ayudas públicas reguladas en los sucesivos planes estatales de vivienda y que han mantenido a lo largo del tiempo un carácter unitario y constante” y señalar que “en ocasiones, estas ayudas eran complementadas por las comunidades autónomas dentro de su propio ámbito competencial”, la plataforma pide que se exija al Gobierno de España la derogación de las disposiciones que “suprimen retroactivamente derechos adquiridos” de más de 300.000 familias, 50.000 de ellas en la Comunidad Valenciana.