El arsénico envenena Punxín

Ni huele ni sabe a nada, por eso los vecinos de Punxín (Ourense) bebían tranquilamente el agua del grifo, cristalina, como debe de ser. Hace algo más de un año, Sanidade prohibió su consumo, aunque la guerra vecinal contra el veneno invisible ya llevaba meses en ebullición. El arsénico producido de forma natural en el subsuelo de la comarca se filtró al agua sin que ninguna autoridad diera la alerta hasta que los mismos vecinos lo descubrieron pagando analíticas de su bolsillo. “Se sabía desde hace mucho tiempo que había arsénico”, espetó el alcalde en un tenso pleno convocado para tratar el problema, pero hasta que Sanidade se lo impuso no emitió bandos explicando el peligro.

 En 2010, el entonces alcalde socialista privatizó el servicio de aguas para entregárselo a Aquagest por 25 años. Tras la toma de posesión del actual regidor, Manuel Vázquez (PP), los vecinos se toparon con un incremento del 300% en el recibo porque así lo ordenaba el contrato. Las protestas surgieron de inmediato, pero el alcalde hizo caso omiso: “No puedo hacer nada. En el contrato tienen 107.000 euros al año y hay que dárselos”. Ante la falta de soluciones, se organizaron creando un ejército vecinal al que llamaron Comisión del Agua. Y descubrieron que el problema iba más allá de la factura. En su lucha contra las tasas encargaron varias analíticas para comprobar la calidad del agua y descubrieron que no era potable: el arsénico se incorpora a los acuíferos de los que se nutren grifos y fuentes de varias aldeas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el límite en 10 microgramos de arsénico por litro y, por ejemplo, en la aldea de Ourantes descubrieron que bebían y cocinaban con agua que tenía 23. No era la única afectada. Otros tres pueblos usaban agua con veneno. La OMS destaca que su consumo prolongado puede causar enfermedades en la piel, vómitos y hasta cáncer.

Desde que descubrieron el arsénico cerraron sus grifos, pero Aquagest sigue cobrando puntualmente sus recibos cada trimestre. Como protesta, muchas familias no pagan y ante el desamparo de las Administraciones, la solidaridad vecinal permitió que un pozo descontaminado les sirviese temporalmente. Hace un mes, el Ayuntamiento repartió un día a la semana garrafas de 19 litros que compra a tres euros la unidad. “Volvimos a los tiempos de mi abuela”, dice una vecina.

El problema no se limita al agua de la traída. El Ayuntamiento ni confirma ni desmiente la presencia de tóxicos en las fuentes públicas porque no han sido analizadas, pero hace meses que unos vistosos carteles alertan de que los caños vierten “agua sin garantía sanitaria”. Tras el escándalo, Aquagest instaló en una de las aldeas afectadas una depuradora que elimina el arsénico, pero algunos vecinos siguen sin fiarse. Un análisis de la empresa fechado tras la instalación de esos filtros determinó que todavía había 12 microgramos por litro, superando el máximo legal.

Los vecinos denunciaron el caso ante Sanidade, que ordenó abrir una investigación. La delegada en Ourense, María Villar, prohibió el consumo de agua el 24 de agosto de 2012. Un día después, el alcalde emitió un bando acatando la orden a pesar de conocer la situación desde hacía medio año a través de los análisis pagados por los vecinos. Sin embargo, Aquagest envió un escrito pidiendo mantener el servicio con agua contaminada hasta la instalación de la depuradora. Sanidade se negó. Aquagest llegó a asegurar en un documento sin fecha y sin firma que “tenía al día el control de la calidad del agua”. “¿Y por qué no avisaron?”, preguntan los vecinos.

El ejército vecinal ha recopilado más de 300 firmas en un municipio que no llega a 800 habitantes. El apoyo es tan arrollador que dos de los cuatro concejales que el PP tiene en Punxín apoyan la causa. En su batalla se han reunido con directivos de la empresa y de la Diputación. El alcalde no quiso recibirles. Manuel Baltar sí se reunió con ellos pero luego derivó el caso a su jefe de Medio Ambiente. El presidente de la Diputación explica que “ha cooperado siempre esforzándose junto con el Ayuntamiento en la solución del problema”, pero deja caer que “la comisión de vecinos va por derroteros políticos”. La delegada de Sanidade en Ourense no respondió a este periódico mientras que el alcalde se justifica. “¿Y qué más puedo hacer yo? Me limito a cumplir con lo que dice Sanidade”. Y así van ya dos años desde que se halló el arsénico.